La Unidad de Información Financiera (UIF) informó a la Justicia que “de las participaciones accionarias en las empresas” offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri “no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”. El organismo dependiente del Ministerio de Justicia se expresó de esa forma en un informe que dirigió al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga al presidente Mauricio Macri en una causa abierta a partir del escándalo de los “Panamá Papers”. La UIF, que preside Mariano Federici, había presentado la semana pasada un informe ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en el que aseguró que no se encontraron vínculos entre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y el caso de corrupción en Brasil conocido como “Lava Jato”, que involucra a la empresa Odebrecht.
Las empresas que fueron investigadas por la UIF a pedido de la Justicia son Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.
La UIF dejó asentado que Macri fue director de Kagemusha S.A., una firma registrada en la ciudad de Panamá y agregó que el titular de la compañía sería Francisco Macri, el padre del Presidente. En el resto del directorio, según su inscripción, estaban también el hermano del jefe de Estado, Gianfranco Macri; el padre de ambos, Franco, que ocupó dos roles en esta empresa; un empresario, Rodrigo Arosemena; y un abogado caribeño fallecido llamado Gianfranco Benedetti.
La UIF afirmó que Kagemusha “no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontrándose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales”. Respecto a Fleg Trading LTD, la UIF sostuvo que se trata de una empresa inscripta en Brasil en el año 2002, con “capital nulo”. Y agregó que también fue radicada en Bahamas, un paraíso fiscal, y que fue “dada de baja” en 2009 debido a la falta de pago de la cuota para mantenerla activa.
La UIF señaló que “la persona responsable de la firma (Fleg Trading LTD) habría sido Mariano Macri identificado con el número 227.778.298-02”. Y sostuvo que el hermano del Presidente “no sería socio o responsable de ninguna empresa en Brasil”. El fiscal Federico Delgado pidió al organismo que analice si a través de la sociedad Fleg Trading se transfirieron 9 millones de dólares a SOCMA Americana S.A. (propiedad de los Macri) como pago por “el 99,9% de las acciones de Owners Do Brasil Corporations”. La UIF sostuvo que “no está acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de nueve millones de dólares hayas sido efectuado”. El organismo aseguró que de la “vida social” de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD “no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal” al Presidente. i
Socma pide indemnización por estatizar el Correo
El CEO de Socma, Leonardo Maffioli, reclamó una “compensación” para la empresa por la estatización del Correo, que estimó en unos 250 millones de dólares, ya que, según dijo, fue víctima de un “robo”. “Nos robaron. La gente lo tiene que entender”, afirmó Maffioli, quien advirtió: “Este gobierno hace lo mismo que el kirchnerismo: usa nuestro bienes y no paga ni el precio ni el alquiler”. En declaraciones a un matutino porteño, el ejecutivo evaluó que “éste es el segundo gran daño que le hicieron al Correo”. “Néstor Kirchner estatizó el Correo, se apropió de todos los bienes que había comprado Socma y el Estado los usó durante 15 años sin pagar un peso”, remarcó. Para Maffioli, la diferencia entre lo que la empresa debe de cánones impagos y la compensación que demanda sumaría unos 250 millones de dólares a favor de la compañía. “El Tribunal de Tasación reconoció que nos deben U$S 330 millones. A eso tenemos que restarle la deuda por el canon”, indicó.
Además, Maffioli consideró que el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin y la denuncia penal que realizó fueron una jugada “orquestada” por el kirchnerismo para “provocar un gran impacto mediático y social”. “Después de todo lo que pasó, es muy difícil que un juez se anime a fallar a favor nuestro”.
Y lamentó que “más difícil todavía es que el Gobierno se anime a pagar el precio de los activos que nos pertenecen”.
Por su parte, luego de la exposición del ministro de Comunicación Oscar Aguad en el Congreso, a donde concurrió para explicaciones sobre el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino, en abril se espera la presencia en la Cámara baja del padre del Presidente, Franco Macri, por este mismo tema.
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