Lo ordenó el juez ante la sospecha que el manifestante haya podido lograr salir del país y no esté más en Argentina, pese a que no hay registros oficiales de Migraciones que así lo informe.

Romero fue imputado por la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad: la investigación sobre su paradero comprende sus relaciones personales y el análisis de sus comunicaciones.

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El manifestante se profugó al día siguiente de los hechos que tuvieron lugar en inmediaciones del Congreso Nacional, y por orden del Juzgado se emitió la captura y a los pocos días se allanó su domicilio en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sin resultado: allí ni siquiera estaban sus familiares inmediatos, con quienes vivía y quienes sí aparecieron al momento en que la Policía se disponía a allanar la vivienda.

Por lo pronto, en la misma investigación hay otros manifestantes y policías detenidos, estos últimos por excesos durante la represión de esa jornada en que se trató la reforma previsional, finalmente aprobada.

La imagen de Romero se viralizó cuando con un arma de fabricación casera disparó un mortero hacia la policía de la ciudad que estaba a cargo del operativo de seguridad, ante incidentes que se habían registrado cuatro días antes cuando el Congreso Nacional trató la ley de reforma previsional instada por el Gobierno Nacional.

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