Parrilli reinterpretó el término "apretar" de CFK

“Cuando ella dice ‘apretar’ es hacer lo que siempre hicimos, que es reclamar y exigirles a los jueces que investiguen a Stiuso, que es lo que estábamos conversando”, sostuvo.

Y, en declaraciones a Radio Rivadavia, insistió que durante el fin del gobierno de Cristina Kirchner se denunció penalmente a Stiuso por delitos que van desde contrabando a espionaje ilegal, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y entorpecimiento de la acción de la Justicia en el atentado de la AMIA”, por lo que “de lo que se trataba” el pedido de la ex presidenta “era de reclamar que la Justicia actuara y se llegara a algún resultado”.

“Es como cuando dice ‘matalo’: no es matalo, es hacer declaraciones y contar lo que es”, agregó el ex funcionario nacional en relación a la frase de Cristina Kirchner sobre Stiuso.

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Respecto a las escuchas, Parrilli afirmó que, contrario a lo que dicta la ley, “estuvieron nueve meses” pinchándole el teléfono y “no encontraron nada” y agregó que si los jueces o fiscales hubieran identificado algún delito deberían haberlo denunciado en su momento.

“Se sigue cometiendo un delito que es la filtración de las comunicaciones. No es que lo cometen los periodistas, sino que los delincuentes son los que han dejado trascender estas escuchas”, bramó el ex jefe del organismo de Inteligencia. Y agregó: “Utilizan esto para seguir adelante con esta campaña mediática de desprestigio contra la (ex) presidenta”.

Parrilli anunció en este marco que ampliará su denuncia porque siguen apareciendo filtraciones ilegales a la prensa de escuchas realizadas en el marco de “precausas judiciales y causas inventadas” y vinculó la maniobra al gobierno de Mauricio Macri para “esconder con una cortina de humo el malhumor social creciente”.

Indicó que en los casos anteriores se realizó la denuncia penal -causa que se tramita en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral- para “determinar quién las filtró” y aventuró varias hipótesis al respecto.

“Pudo ser, en primer lugar, el juez Ariel Lijo o alguno de sus secretarios porque fue desde allí donde se ordenaron las escuchas; en segundo lugar, Ricardo Lorenzetti, Martín Irurzun o Tomás Rodríguez Ponte y toda la cadena de mandos de la Dirección de Captaciones de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Y en tercer lugar, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani de la AFI, que efectivizaron las escuchas”, enumeró.

Además, dijo sobre el sistema de escuchas judiciales que “la ley dice que se tiene que hacer por 30 días; si en esos días no se encontró nada el juez puede prorrogarlo por 30 más, pero si no hay nada tiene que pararlo y ordenar destruir los archivos de las escuchas, cosa que no se hizo”.

El titular del Instituto PATRIA denunció también que quien “aprieta” a los jueces es el Poder Ejecutivo: “Dicen que van a pedir la remoción de (Eduardo) Freiler y (Daniel) Rafecas; el ministro de Trabajo pidió juicio político a un juez por el contenido de un fallo”, cuestionó. “Se cansaron de decir que nosotros éramos un gobierno corrupto y este gobierno ya tiene 50 denuncias penales en la justicia por hechos de corrupción. La vicepresidenta de la Nación no pudo dar explicaciones por el dinero que tenía en un placard”, completó.