La solicitud fue realizada al juez federal Ercolini por parte de los fiscales Pollicita y Mahiques. Además solicitan la apertura de cajas de seguridad vinculadas a la ex presidenta y ex funcionarios.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron ayer al juez federal Julián Ercolini el embargo y tasación de más de 140 inmuebles, además de la apertura de cajas de seguridad vinculadas a la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios de su Gobierno procesados en el marco de la causa por presunto fraude y direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.

En su presentación, los fiscales solicitaron al magistrado que “disponga las medidas necesarias para que se proceda a afectar al embargo preventivo decretado en autos los bienes que (...) se encuentran registrados a nombre de la ex Presidente” Cristina Kirchner, además de los pertenecientes a Báez, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros; “así como también, los bienes que han sido cedidos a título gratuito” por la ex mandataria a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.

Según indicaron, se trata del embargo de 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades de quienes han sido procesados y su situación procesal ha sido confirmada por la Cámara Federal.

“Asimismo, con el objeto de evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar, solicitaremos que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática”, indicaron en su pronunciamiento, al que accedió NA.

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Por otra parte, “a fin de profundizar la investigación patrimonial y conocer la existencia de mayor cantidad de bienes a cautelar”, solicitaron a Ercolini que ordene “la apertura de las cajas de seguridad franjadas, el inventario y secuestro de su contenido y el inmediato embargo de aquellos bienes de valor pecuniario que se encontraren en su interior”. Además, con el objeto de cuantificar con precisión el valor de los bienes cautelados y evaluar el grado de satisfacción del monto de embargo decretado, pidieron que, paralelamente a las medidas cautelares propuestas, “ordene la tasación de los bienes que serán embargados”.

“Sumado a ello, en atención a que el eventual decomiso a dictarse podrá ser decretado también contra las personas jurídicas beneficiadas por el delito y en cuya representación actuaron los autores, pediremos que disponga la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones, Gotti, y sucesión de Adelmo Biancalani SA, como así también respecto de la firma K-SANC S.A”.

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