La presentación la hizo el fiscal Diego Luciani. Además de la ex presidente están involucrados en el expediente judicial Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, el ex director de Vialidad Nelson Periotti; Carlos Kirchner, primo del ex presidente, y el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, entre otros.

El fiscal de Diego Luciani pidió este jueves que los cuadernos del chofer Oscar Centeno en los que se ventilan presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios kirchneristas sea incorporado como nueva prueba en el juicio que se realizará contra la ex presidenta Cristina Kirchner por fraude en la obra pública junto a Lázaro Báez.

Luciani hizo el pedido al Tribunal Oral Federal 2 para que el juez federal Claudio Bonadio remita toda la prueba del expediente junto a los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta para que sea utilizado como nueva prueba en ese proceso paralelo que ya fue enviado a juicio.

"Debe considerarse que en el marco de tal expediente se encuentra investigada Cristina Fernández de Kirchner junto con diversos funcionarios que integraron el Ministerio de Planificación Federal por su presunta participación en una maniobra de corrupción vinculada a contrataciones públicas", justificó el fiscal en su requerimiento.

Y agregó que el expediente de Bonadio "podría contener elementos de prueba que resulten de interés" para la causa en sus manos por fraude en la obra pública, la cual aún no tiene fecha de inicio del debate oral y público.

La causa, en la que la ex presidenta está acusada como coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

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Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de $46.000 millones de pesos" durante los gobiernos kirchneristas.

Se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".

Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras, se indicó.

En enero pasado, Cristina Kirchner había presentado un requerimiento para que el proceso llegara cuanto antes a la instancia oral a fin de que el caso tenga "un esclarecimiento definitivo y público" sobre las imputaciones aseguró que se le endilgan "de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho".

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