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Distintos bloques advirtieron sobre riesgos institucionales de la reforma, mientras el sector aliado decidió aguardar la reglamentación antes de fijar postura.
El decreto que modifica la Ley de Inteligencia abrió un fuerte frente de conflicto en el Congreso, con rechazos inmediatos de varios espacios y posiciones más medidas entre los aliados parlamentarios del Gobierno. La norma, que deberá ser analizada por la comisión bicameral correspondiente, generó críticas por el alcance de las atribuciones otorgadas a los organismos de inteligencia.
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Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Izquierda coincidieron en un rechazo total, al considerar que la iniciativa vulnera garantías constitucionales y avanza sobre facultades sensibles sin debate legislativo. El PRO, en cambio, adoptó una postura expectante y anticipó que fijará postura una vez que se conozcan los protocolos de aplicación mientras un equipo técnico se encuentra estudiando el Decreto 941/2025 y su impacto en materia de seguridad y defensa.
Desde esa fuerza remarcaron que la decisión apunta a actuar con “responsabilidad institucional”, aguardando la normativa complementaria antes de emitir una definición final, también señalaron que el uso de decretos para modificar el sistema de inteligencia no es una novedad en la política argentina. Por su parte, la UCR y otros bloques provinciales dialoguistas todavía no expresaron una postura clara, a la espera de que el decreto sea formalmente girado al Congreso y tratado por la comisión de Trámite Legislativo, que deberá resolver si lo ratifica o lo rechaza.
Agustín Rossi, Diputado de Unión Por la Patria por Santa Fe.
Entre los puntos más cuestionados del DNU aparece el carácter encubierto de todas las tareas de inteligencia y la posibilidad de aprehensiones en flagrancia, aspectos que la oposición considera un retroceso en materia de controles democráticos. Agustín Rossi, Diputado peronista por Santa Fe, sostuvo que el Congreso “tiene que rechazar el decreto que no mejora el funcionamiento del Sistema de Inteligencia y atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano”.
En la misma línea, distintas voces opositoras alertaron sobre el riesgo de espionaje interno, persecución política e impunidad, y reclamaron que cualquier cambio en la Ley de Inteligencia se discuta en el Parlamento y no mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
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