El Gobierno advirtió a CTERA que el paro deberá garantizar el 75% de las clases

Además, alertó que el incumplimiento de esa obligación podrá derivar en sanciones previstas por la legislación vigente.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, declara a la educación como servicio esencial. En ese marco, la cartera encabezada por Sandra Pettovello sostuvo que el artículo 101 de la norma establece la obligación de asegurar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual durante las medidas de acción directa.

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"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza", señaló el texto oficial.

Servicios mínimos

El Gobierno sostuvo que la normativa busca garantizar los servicios mínimos y evitar la interrupción total de las actividades escolares, con el objetivo de resguardar "el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles". En el mismo comunicado advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables".

La advertencia llegó a pocas horas del paro nacional de 24 horas resuelto por el congreso de CTERA, que volverá a tensar la relación entre el Ejecutivo y los gremios docentes tras varios meses de relativa calma. La organización sindical reclama la inmediata convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, congelada desde hace un año, y denuncia que el salario mínimo del sector permanece en 500.000 pesos.

Aumento salarial

Entre los principales planteos de CTERA también figuran un aumento salarial, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. Además, rechaza una eventual reforma jubilatoria y cuestiona el proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa.

Según el gremio, el Gobierno mantiene paralizado el ámbito institucional previsto para discutir salarios, condiciones laborales, formación docente e inversión educativa, lo que, aseguran, profundizó la pérdida del poder adquisitivo y el desfinanciamiento del sistema.

En paralelo, los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) también iniciarán el lunes un plan de lucha, aunque sin convocar a un paro. La Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, encabezada por Sergio Romero, definió una serie de medidas alternativas, entre ellas trabajo a reglamento, clases informativas sobre la situación educativa, "semaforazos", volanteadas y una movilización de cierre frente al Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

Sanciones

La estrategia de la CGT responde, en parte, al nuevo marco legal. Desde la conducción sindical consideran que una huelga total podría exponer a los docentes a sanciones, por lo que optaron por acciones de protesta que no impliquen la interrupción completa del servicio. Los detalles del plan serán presentados oficialmente este lunes a las 14 en una conferencia de prensa en la sede de Azopardo 802.

La aplicación de la Ley 27.802, sin embargo, continúa siendo objeto de una disputa judicial. Los sindicatos cuestionaron la declaración de la educación como servicio esencial y obtuvieron una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 que suspendió temporalmente esa disposición mientras se analiza el planteo de fondo. No obstante, el Gobierno apeló la resolución y sostiene que la obligación de garantizar la prestación mínima continúa vigente hasta que exista una decisión definitiva de la Justicia.

El conflicto docente vuelve así a ocupar el centro de la agenda educativa con un escenario de creciente confrontación entre el Ejecutivo y los gremios. Mientras el Gobierno insiste en que la continuidad de las clases constituye una prioridad y advierte sobre posibles sanciones, CTERA ratificó la medida de fuerza y anticipó que durante agosto profundizará las acciones de protesta para reclamar la recuperación salarial, la restitución de fondos nacionales y una mayor inversión en la educación pública.