Teniendo en cuenta que es probable un cambio en el Ejecutivo y que el proyecto sea tratado recién en diciembre, el ministro de Hacienda cumplió con la obligación legal en un tono autocrítico y pidiendo consensos a futuro

El gobierno presentó el Presupuesto 2020 en Diputados, cumpliendo así con una obligación legal, porque se estima que recién podría ser aprobado en diciembre si llegara a cambiar de signo político el Ejecutivo. El mismo prevé para el año próximo una inflación de un 34%, un superávit primario del 1% y un dólar a $75.

Fue el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien se acercó a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. En el salón Delia Parodi, Lacunza resaltó el objetivo central del proyecto y, para lo que viene, reclamó "consensos en política económica" que permitan sacar al país de la crisis.

El reemplazante del malogrado Nicolás Dujovne comenzó con una autocrítica y luego trazó una descripción del legado macrista en materia macro. "Si lo medimos por empleo e inflación, que son las dos variables que más inciden en la vida cotidiana de las familias, los resultados del programa en curso han sido inferiores a los esperados. Todos coincidimos en la combinación de herencia, falencias del programa económico y algo de factores externos, como la sequía y la suba de la tasa de interés internacional en 2018", expresó el funcionario.

Al hablar de la herencia K, dijo que "el desafío inicial de la política económica era enfrentar un Triángulo de las Bermudas caracterizado corregir el atraso cambiario y las tarifas rezagadas, distorsiones de precios relativos y la tensión natural de corto plazo entre crecimiento e inflación", por lo que el gobierno "procuró una corrección gradual que suavizara el impacto social inicial, aunque para eso fue necesario recurrir al financiamiento que, en ausencia de un mercado de crédito local suficientemente desarrollado, debió buscarse en el exterior".

Deuda

Al referirse al aumento de la deuda, Lacunza lo describió como la suma de los déficits durante un período. "De nada sirve que los lunes propongamos baja de impuestos, los martes que no bajen los subsidios y los miércoles que no aumente la deuda", puntualizó y precisó que la deuda pública en manos privadas "asciende a un 33% del PBI".

"La capacidad de renovación depende de las posibilidades de repago de esa deuda, que obviamente depende críticamente de la trayectoria fiscal esperada. A nuestro juicio, con ese volumen no existe actualmente un problema de solvencia respecto a la deuda argentina, sino de liquidez por la incertidumbre respecto a la trayectoria fiscal esperada en el futuro, que está precipitando dudas de los bonistas en el presente", resaltó.

Pese a esta incertidumbre, destacó que se sentaron bases para llegar a "superávits gemelos" el año próximo o con "bajas moderadas" y graficó que "hay que destacar la robustez del sistema financiero, sumamente líquido, sin descalce de monedas que pongan en riesgo los depósitos, tanto en moneda local como extranjera".

El ministro justificó el presupuesto al augurar: "Una vez superada la incertidumbre electoral y despejadas las dudas sobre la sustentabilidad de la deuda, se podrá retomar el sendero de crecimiento moderado a partir del primer trimestre de 2020".

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"Con las exportaciones como motor más dinámico de la demanda agregada, con las cantidades exportadas orillando su máximo histórico, con previsiones de una buena siembra cosecha granaria, la maduración de algunas inversiones, como Vaca Muerta, y la tracción de Brasil como destino principal de nuestras manufacturas industriales", insistió.

En cuanto a la tasa de inflación, indicó que "se prevé también una desaceleración modesta, desde el 53% anual de 2019 hasta el 34% en 2020, con un promedio anual de 43%", con un dólar "creciendo al 40% anual (semejante a la inflación)" y que a fin de año se ubicaría en torno a los $75.

Al hacer referencia a la política fiscal, Lacunza remarcó que para el año próximo se estima llegar a un superávit fiscal primario estimado del 1%, dado que el peso de los intereses se mantendría en el mismo nivel que en 2019 y "la mejora del resultado primario se traslada linealmente al resultado financiero, donde se prevé un déficit del 2,3% del producto (1,5% inferior al de este año)".

Con todo, las declaraciones de Lacunza no dejan de traslucir la obligación legal del Ejecutivo de presentar el proyecto de presupuesto antes de finalizar septiembre. El trasfondo político es otro: con Alberto Fernández liderando las encuestas para convertirse en el próximo presidente, tras los 16 puntos obtenidos durante las PASO, se descuenta que el proyecto se aprobaría en sesiones extraordinarias antes de fin de año.

Dos escenarios

Una semana antes de las PASO, una espada del oficialismo en contacto con este diario reflexionó: "Si ganamos, debatimos el Presupuesto después de la elección del 27 de octubre. Pero si Alberto sacara una gran diferencia y se posiciona para ganar la elección, seguramente va a querer sancionarlo en diciembre luego de convocar a sesiones extraordinarias".

Este análisis es cercano a lo que piensa en el seno del Ejecutivo en privado. Saben que más allá de cumplimentar los plazos legales para realizar la presentación de la ley de leyes en el Parlamento, y de paso abonar la gobernabilidad jaqueada tras los resultados de las elecciones primarias, el candidato favorito para asumir el próximo 10 de diciembre intentará moldear su propia ley de gastos. Y tiene voluntades de sobra en ambas cámaras para evitar que sea tratado con anterioridad.

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