Más allá del apoyo expresado en la semana al Presupuesto, hay algunos elementos que siguen despertando resistencia y que se verificarán durante el tratamiento del proyecto en el Congreso.

El gobierno ya envío a los 24 gobernadores la “adenda” al consenso fiscal para intentar destrabar la discusión por el Presupuesto 2019 en el Congreso. Pese al apoyo mayoritario a esa propuesta -se descuenta la oposición de San Luis y La Pampa por ejemplo-, podrían surgir resistencias en el Parlamento por parte de legisladores que resistirían las transferencias a los distritos de los subsidios al transporte de pasajeros y de la tarifa social eléctrica.

Anoche el Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio firmó el texto girado a los ministros de Economía provinciales, que durante semanas negociaron en Casa Rosada: tiene 5 páginas y fundamenta los cambios al consenso fiscal 2017 en “las nuevas circunstancias en el contexto internacional, con una mayor volatilidad en los mercados financieros, que hicieron necesario adoptar medidas para acelerar la consolidación fiscal”.

El texto sostiene que “se estableció un derecho de exportación a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)”. Esto es la justificación a la suba en las retenciones. Pese que hubo quejas en la reunión en el CFI del último lunes por las retenciones a las mineras, San Juan, a través del gobernador Sergio Uñac, garantizaría el voto del consenso fiscal 2018.

Es que en Balcarce 50 desean que, además de la foto que se tomaron con Mauricio Macri, los mandatarios provinciales firmen su adhesión al documento y luego lo hagan aprobar en las respectivas legislaturas.

Tal como se consensuó, la Ciudad y la Provincia deberán hacerse cargo de Edenor y Edesur, y los subsidios a los usuarios de Aysa; la empresa de aguas y cloacas quedará en manos de Nación por los créditos externos que pidió para hacer obras.

Las provincias, en tanto, obtendrán ventajas por los reintegros de IVA, la derogación de las exenciones a la deducción del impuesto a las Ganancias, la suspensión por 2 años del compromiso asumido en el pacto fiscal de no incrementar Bienes Personales (se grabarían bienes en el exterior), suspensión en la rebaja del impuesto a los Sellos y la flexibilización de la ley de responsabilidad fiscal “con la posibilidad de incrementar el límite de gasto público corriente primario neto para el ejercicio fiscal 2019”.

Sin embargo, hay distritos que han puesto el documento bajo la lupa. Hay detalles de lo conversado entre las partes que no están explicitados en el texto mencionado.

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El ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, contó a este diario que esperarán el regreso del gobernador Miguel Lifschitz, de viaje en Estados Unidos, para definir si apoyan la adenda. “Una vez que tengamos la versión final del mismo, lo vamos a evaluar en equipo”, apuntó.

No obstante, en el gobierno provincial habían expresado su desacuerdo a la transferencia de los subsidios del transporte y de la energía (en este caso para garantizar la tarifa social). En un reportaje reciente, el propio Saglione estimó que el recorte tendrá un costo de $8 mil millones para la provincia el año próximo: “$2020 millones por el Fondo Sojero, $1500 millones por transporte y $2500 millones por la tarifa social eléctrica”. Y explicó que “no comparto la decisión: si quieren eliminarlos que lo hagan pero no nos inviten a adherir a un esquema de subsidios que define Nación. No hay nada más antifederal que, con recursos de las provincias, pagar un subsidio nacional’.

Lo cierto es que cada uno de los distritos se aboca a estudiar la propuesta. Se prevé un debate caliente en el Congreso por el Presupuesto. Y respecto al nuevo consenso fiscal, en el gobierno esperan que firme la mayoría de los distritos ‘salvo San Luis y La Pampa’. Mientras que la ley de leyes ingresará por Diputados, la adenda al pacto fiscal será girada al Senado.

La jornada de ayer también estuvo imbuida por versiones de un nuevo plan para dolarizar la economía, por lo que en el gobierno salieron fuerte a desmentir esa posibilidad. Fue Larry Kudlow, analista y asesor económico de Donald Trump, quien había deslizado que Hacienda estaba trabajando en una nueva Convertibilidad, algo que desmintieron en esa cartera y en despachos de Balcarce 50.

En la reunión de gabinete de ayer por la mañana, aseguran fuentes oficiales, ni se mencionó el tema. Macri nuevamente reunió a su gabinete “compacto” con 11 ministros y Marcos Peña. No estuvo el designado vicejefe, Andrés Ibarra, dado que el nuevo formato incluye al presidente y a sus ministros; ni siquiera participan asesores, legisladores o el secretario de Comunicación, Jorge Grecco, como solía ocurrir anteriormente.

Ibarra sigue enfocado en la modernización del Estado -ayer anunció nuevas convocatorias para concursar cargos directivos-, en el área de Comunicaciones y, al mismo tiempo, supervisará a los ministerios. En el oficialismo rechazan que vaya a tener una tarea similar a la auditoría que realizaba el saliente Mario Quintana o el degradado Gustavo Lopetegui, que como asesor coordinará algunos proyectos de políticas públicas. Aunque el exgerente de Boca Juniors continuará revistiendo parcialmente en el edificio de Modernización, le están acondicionando la oficina que supo ocupar Quintana hasta hace 10 días en el primer piso de Casa Rosada.i

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