El Consejo Evaluador "sugiere que se inicie un sumario administrativo en los términos descriptos" por el reglamento disciplinario del Ministerio Público Fiscal.

El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal le sugirió al Procurador General interino, Eduardo Casal, que le inicie un sumario administrativo al fiscal federal Carlos Stornelli por no haberse presentado a prestar declaración indagatoria en el caso D’Alessio, de supuesta extorsión, que tramita el juzgado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

El Consejo Evaluador "sugiere que se inicie un sumario administrativo en los términos descriptos" por el reglamento disciplinario del Ministerio Público Fiscal.

El objetivo del sumario sería "establecer si la conducta del fiscal Stornelli, consistente en su incomparecencia a prestar declaración indagatoria, se encuentra comprendida en algunas de las faltas previstas en el artículo 68 o 69 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal".

El dictamen lleva las firmas de todos los fiscales que integraron el consejo evaluador: Irma Netto, Julio Piaggio, Alejandro Alagia, Guillermo Pérez de la Fuente y Oscar Ciruzzi. La sugerencia del Consejo Evaluador deberá ser evaluada ahora por el procurador Casal.

Stornelli fue declarado en rebeldía el 27 de marzo tras ausentarse a cuatro citaciones a indagatoria formuladas por el juez Ramos Padilla, quien investiga a una supuesta red de espionaje ilegal por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Stornelli está imputado por "haberle solicitado o prestado su anuencia para que D’Alessio, a quien conocía como un agente de la DEA", llevara adelante tareas de inteligencia paralelas.

El caso D’Alessio se inició con una denuncia presentada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest contra el falso abogado, a quien acusó de haberlo extorsionado en nombre de Stornelli para evitar que quedase involucrado en el caso de los cuadernos de la corrupción, en el que actúa Stornelli.

Bidone, procesado

En tanto, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó sin prisión preventiva al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone por presunta asociación ilícita y abuso de autoridad, y le trabó un embargo de 10 millones de pesos, en la causa que investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la extorsión y al espionaje ilegal.

De esta forma, el fiscal Bidone -suspendido en su cargo desde el 20 de marzo pasado por un plazo de 90 días por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense- sumó su segundo procesamiento, dado que la semana pasada el juez federal Luis Rodríguez adoptó una medida similar en una causa en la que se investiga la presunta extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante.

En la resolución dictada ayer, el juez Ramos Padilla -cuya actuación en este expediente fue confirmada el lunes último por la Cámara Federal de Mar del Plata- dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Bidone "por encontrarlo ‘prima facie’ penalmente responsable del delito de asociación ilícita".

Al fundamentar la medida, el magistrado describió a Bidone como "un fiscal provincial, con una reconocida trayectoria dentro del Departamento Judicial de Mercedes, que tuvo a su cargo la investigación conocida como el Triple Crimen de General Rodríguez", y que, "como se verá, ha reconocido en gran medida su participación material en los hechos que se le han endilgado, aunque formulando aclaraciones acerca de su efectivo conocimiento de las finalidades con que serían utilizados sus aportes por parte de la organización".

"Inteligencia criminal"

"Se ha corroborado ‘prima facie’ que, en connivencia con otros imputados -Marcelo D’Alessio y Rolando Barreiro-, el fiscal de Mercedes llevó adelante actividades de investigación e inteligencia criminal en perjuicio de numerosos ciudadanos/objetivos de la organización investigada", señaló Ramos Padilla en su resolución.

Además, consignó que según se pudo determinar en la investigación, "en el marco de una relación que se fue construyendo entre este fiscal y agentes, ex agentes o presuntos agentes de inteligencia, de modo informal se intercambiaron información de inteligencia para llevar adelante investigaciones que incluso ni siquiera se encontraban a cargo del imputado, sino de una jueza federal de la Capital Federal, la Dra. (María Romilda) Servini".

En este sentido, el magistrado indicó que, para ese rol, Bidone "se valió de ‘espías’ con quienes intercambiaba información para avanzar en supuestas líneas de investigación en torno al denominado Triple Crimen, en el que ya no podía intervenir formalmente por haberse remitido por incompetencia a otra jurisdicción en febrero del año 2016".

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