Los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos criticaron con dureza la decisión del Gobierno nacional de volver a aumentar las retenciones al agro. Advirtieron que afectará a las economías regionales y al interior productivo del país.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos rechazaron este sábado la decisión del Gobierno nacional de aumentar las retenciones al sector agropecuario y advirtieron sobre el impacto negativo que esta medida puede tener en las economías regionales, en especial en el interior del país.

La disidencia a la medida fue encabezada por Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, quienes coincidieron en que el nuevo esquema tributario “asfixia al agro”, frena la producción y castiga a las provincias que más aportan al desarrollo económico del país.

“Esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”, señaló Llaryora a través de sus redes sociales. El gobernador cordobés remarcó que su administración eligió un camino diferente: eliminación de Ingresos Brutos a la producción, supresión del Impuesto a la Mera Compra y reinversión del 98% del Inmobiliario Rural en obras de infraestructura para el campo.

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“Subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo”, sentenció el mandatario, al considerar que la medida golpea al sector “más dinámico de la economía” y se adopta “en un momento crítico”.

Desde Santa Fe, Pullaro calificó el aumento como “un error” que ignora el rol clave del interior productivo. “Todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y ciudades del campo. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior ni la ponen en cuentas offshore”, aseguró. Su mensaje buscó destacar el carácter arraigado y local del capital generado por el agro.

Frigerio, en tanto, remarcó el vínculo directo entre su provincia y el sector rural: “Entre Ríos es el campo, por eso estamos siempre al lado de los productores y vamos a seguir estándolo con hechos concretos”. El gobernador se reunió con representantes de la Mesa de Enlace y ratificó su compromiso con la reducción de la presión fiscal y la eliminación gradual de las retenciones.

El nuevo esquema fue formalizado por el decreto 439/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La normativa restaura los derechos de exportación previos para soja, maíz, girasol y sorgo, tras una baja transitoria que había sido implementada a principios de año. La suba comenzará a regir a partir del 1° de julio.

Mientras tanto, se mantendrá la reducción para los embarques de cebada y trigo, aunque sin cambios adicionales. La decisión generó un amplio rechazo entre los productores, entidades rurales y gobiernos provinciales del centro agrícola del país, que exigen una política fiscal que promueva la producción en lugar de castigarla.

En medio de la recesión, la caída del consumo y la desaceleración de las exportaciones, la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias productoras parece ir en aumento. Y las retenciones, una vez más, se convierten en el centro de una disputa histórica sobre el federalismo fiscal argentino.

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