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El proyecto obtuvo 44 firmas en Diputados y quedó listo para ser debatido a fin de mes. Los funcionarios no podrán acceder a los principales beneficios del esquema.
La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave para el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal II. El oficialismo consiguió dictamen en de mayoría en comisión de Legislación Penal, con 44 firmas y dejó la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto el próximo miércoles 26 de agosto.
El despacho impulsado por La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, y entre sus principales modificaciones, establece que los funcionarios públicos quedarán excluidos de los beneficios centrales del régimen de inocencia fiscal.
La modificación establece que quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos de responsabilidad estatal no podrán acceder a la presunción de exactitud de sus declaraciones, a la liberación de fiscalizaciones ni a otras inmunidades o beneficios tributarios contemplados en el proyecto.
La exclusión alcanza a quienes hayan ejercido esos cargos durante los cinco años anteriores a la fecha de adhesión al régimen y también a quienes los ocupen en el futuro.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, explicó el alcance de la modificación: “Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante”.
El alcance comprende a funcionarios del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, legisladores nacionales, provinciales y porteños, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados, integrantes del Ministerio Público y autoridades de distintos organismos de control.
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El proyecto también elimina los actuales topes de $1.000 millones de ganancias y $10.000 millones de patrimonio para ingresar al sistema. De esta manera, la iniciativa busca ampliar el universo de contribuyentes alcanzados e incorporar también a grandes contribuyentes.
Además, contempla una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas.
El esquema mantiene otras medidas previstas en la iniciativa original, entre ellas un régimen especial de reducción del 50% y un margen de tolerancia para determinadas diferencias en las declaraciones juradas antes de que puedan ser consideradas discrepancias por ARCA.
Con el dictamen obtenido, el Gobierno consiguió el respaldo necesario para llevar el proyecto al recinto y el acompañamiento de los bloques aliados será determinante para intentar convertirlo en ley.
Rodríguez Machado sostuvo que la iniciativa busca otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes y afirmó: “No se busca condenar a quienes cumplen”.
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