Las entidades prestadoras del PAMI afirman que la situación es "crítica" y ahora el gobierno estudia una inyección de recursos que permita recomponer parcialmente los valores abonados por las prestaciones.

Mientras crece la interna en el oficialismo, el Gobierno enfrenta además un nuevo foco de conflicto vinculado al PAMI, organismo encargado de brindar cobertura médica a millones de jubilados y pensionados.

En este contexto, la administración nacional afirmó que trabaja en medidas destinadas a responder a los reclamos de las entidades privadas que prestan servicios al instituto.

El anuncio llega luego de que las entidades representativas de los prestadores de salud que mantienen convenio con PAMI advirtieron que la continuidad de la atención médica de millones de jubilados y pensionados atraviesa una situación crítica.

A través de un comunicado, señalaron que la falta de actualización adecuada de los valores, el importante atraso acumulado y los débitos injustificados comprometen la capacidad de numerosas instituciones para sostener sus servicios.

Según el texto difundido por ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, Salud Federal y CONFECLISA, durante los encuentros mantenidos con autoridades de PAMI se ha reconocido la existencia de esta problemática. Sin embargo, las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes para revertir la situación que atraviesa el sistema prestador.

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El comunicado detalla que, pese al actual atraso de un 102% de los valores, PAMI aplicará incrementos de apenas 1,9% para el mes de junio y 1,9% para julio de 2026. Estas actualizaciones, que son las únicas reconocidas en el año, impactarían recién en las liquidaciones correspondientes a agosto y septiembre de 2026.

“De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país”, advirtieron las entidades.

Las organizaciones destacaron que el sector privado constituye un componente esencial del sistema sanitario argentino. “Más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados, por lo que cualquier dificultad en su funcionamiento repercute directamente en la capacidad de respuesta sanitaria nacional”, señalaron.

Las entidades reiteraron su plena voluntad de diálogo y solicitaron con carácter urgente la adopción de medidas que permitan restablecer condiciones de financiamiento adecuadas y previsibles para el sistema.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Desde el gobierno afirman a los cuestionamientos que baten desde las cámaras empresarias que prestan servicios se le brindará una contestación, con fondos. Fuentes oficiales destacan que Luis Caputo, el jefe de Hacienda, después de realizar un brutal ajuste en el sector, se encontraría trabajando en un plan para actualizar valores por las prestaciones que dan los privados.

Consciente de que el conflicto se puede agravar, el ministro presentará un plan con fondos con tal de asegurar la atención médica de jubilados, jubiladas y pensionadas. El oficialismo no quiere que otro tema ocupe la agenda en momentos en los que trata de recuperar la iniciativa y promete, con el presidente Javier Milei a la cabeza, que la economía crecerá sin ningún tipo de ruido de por medio.

El movimiento del ministro llega en momentos en los que distintos ejecutivos reclamaron respuestas por las prestaciones brindadas, que se suman “al importante atraso acumulado en los últimos meses y los débitos injustificados”.

Una situación que compromete la capacidad de “numerosas instituciones para sostener sus servicios en condiciones normales y continuar garantizando una atención de calidad”, tal como informaron en un comunicado que llegó a las oficinas del organismo que tiene a Esteban Leguízamo como conductor.

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