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La central obrera resolvió movilizarse el miércoles durante el debate en el Senado de la reforma laboral, aunque descartó un paro general.
La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse contra el Gobierno nacional, esta vez para rechazar la reforma laboral que comenzará a debatirse el miércoles próximo en el Senado. Dispuso además que no habrá un paro general.
La protesta se realizará desde las 15 en la Plaza del Congreso y será “multitudinaria y contundente”, aunque sin un paro general, una decisión que expuso las tensiones internas dentro de la central obrera.
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La definición fue adoptada este mediodía durante una extensa reunión del Consejo Directivo en la sede de Azopardo 802. Allí se impuso la postura del sector dialoguista del triunvirato que conduce la CGT, que consideró prematuro avanzar con una huelga general y apostó a mantener abiertos los canales de negociación para introducir cambios en el proyecto oficial.
"La reforma laboral ataca derechos"
En conferencia de prensa, el cotitular de la CGT Jorge Sola sostuvo que la reforma laboral “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y remarcó que la resolución del conflicto es “política” más que gremial.
En ese sentido, trasladó la responsabilidad a los legisladores nacionales: “Ahora son los senadores y diputados los que tendrán que poner en claro si defienden los intereses de los trabajadores”.
Sola detalló que la central ya expresó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de representantes de las pequeñas y medianas empresas. También dejó abierta la posibilidad de futuras medidas de fuerza: “Esto es una batalla larga. El recurso del paro general no está descartado”.
Un debate intenso
El debate interno fue intenso. Sectores del transporte nucleados en la CATT propusieron un paro de 12 horas para facilitar la asistencia a la movilización, mientras que Sebastián Maturano, de La Fraternidad, planteó una huelga de 48 horas.
Sergio Palazzo, de La Bancaria, reclamó que la CGT avale formalmente los ceses de actividades y que la marcha sea parte de un plan de lucha escalonado. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas reunió el consenso necesario.
Uno de los factores que pesó en la decisión fue el recuerdo del último paro general, realizado en abril del año pasado, cuando la UTA no se plegó y el impacto de la medida se vio atenuado. Además, el ala moderada de la CGT confía en que todavía es posible morigerar el alcance de la reforma durante su tratamiento parlamentario.
Pese a que no habrá una huelga nacional, cada sindicato quedó facultado para disponer paros parciales o cese de tareas para permitir que los trabajadores participen de la movilización. De hecho, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó que realizará un paro desde las 10 del miércoles para facilitar la asistencia de sus afiliados al Congreso. Otros gremios analizan medidas similares.
Modificaciones
Tras la reunión, Andrés Rodríguez (UPCN) advirtió que la discusión continuará más allá del Senado: “Si se aprueba la ley en general, esperamos que en el tratamiento artículo por artículo haya muchas modificaciones que respeten los derechos del movimiento sindical”.
En la misma línea, Gerardo Martínez (UOCRA) afirmó que la estrategia es “seguir dialogando con todos los sectores que puedan influir en el rechazo de esta reforma” y anticipó que, si no prospera esa vía, recurrirán a la Justicia para impugnar los artículos que consideren inconstitucionales.
Aunque las críticas al proyecto son duras, en la conducción cegetista ya dan por descontado que la reforma laboral terminará convirtiéndose en ley. Por eso, los esfuerzos se concentran en lograr cambios puntuales, sobre todo en aquellos artículos que afectan el financiamiento sindical y el sistema de obras sociales.
Según trascendió, el Gobierno estaría dispuesto a conceder algunas modificaciones: mantener las cuotas solidarias para los sindicatos y eliminar el artículo que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales, una rebaja que implicaría una pérdida de hasta 700 millones de dólares anuales.
En cambio, quedarían intactos los puntos más cuestionados por la CGT, como la reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales, la prioridad de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad y las restricciones a las asambleas.