El concepto dominante es que los pleitos que podrían generarse no alcanzarían gran cantidad porque para muchos, dijo un funcionario, hacerlos por diferencias de 500 pesos “no sería conveniente”.

En el gobierno admiten que la reforma previsional, que cambia el cálculo jubilatorio y especialistas aseguran que reduce el porcentaje de aumento previsto para marzo próximo, podría acarrear juicios contra el estado. Pero, intuyen, no serán masivos.

“Va a haber juicios. Pero para muchos por diferencias de 500 pesos no valdría la pena iniciar una demanda”, fue el particular análisis que ayer realizó un funcionario consultado.

Luego de cerrar filas dentro del interbloque de Cambiemos de la cámara baja, para así acallar las disidencias internas que surgieron en la previa a la discusión del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y plantea una actualización trimestral de las jubilaciones medida en un 70% por la inflación y en un 30% por el RIPTE (aumento de los salarios), en el oficialismo apuestan a que la iniciativa pueda ser aprobada durante las sesiones extraordinarias.

Al acalorado debate de ayer en comisión en la cámara baja, se suman las críticas de la oposición -Cristina Kirchner dijo que con esta reforma “el gobierno cumple con el FMI”-, de organizaciones sociales y de hasta curas villeros.

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Y, en este marco, expertos adelantan que la iniciativa será recurrida en la justicia. En una nota publicada en la edición del último domingo, el director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón, Christian González D’Alessandro, advirtió que en caso de aprobarse, la normativa “va a provocar una avalancha de juicios”’.

El experto previsional señaló que “primero y principal, al reducir” con el nuevo índice el porcentaje de actualización de los haberes jubilatorios, “no va a guardar sustitución con el haber del trabajador en actividad, por lo que el jubilado no va a poder comprar lo mismo y hacer la misma vida que cuando trabajaba”.

De acuerdo a las primeras estimaciones, el alza trimestral prevista para marzo sería de 5,7% contra la bianual del 14,5% que asegura la ley actual, o sea una diferencia de 600 pesos.

‘Si esto hoy (con la actual ley de movilidad) está pasando y sigue habiendo juicios de reajuste, (con el nuevo índice) habrá más juicios cuando el haber sea inferior”, indicó al tiempo que anticipó que “va a provocar una avalancha de juicios (por reajuste) y a perjudicar también a los futuros jubilados porque el día que esos trabajadores se jubilen tendrán un ingreso menor porque la recomposición del haber será sobre esto, va a bajar la sustitución de ese haber”’.

Con todo, un funcionario consultado por este medio admitió que en caso que Diputados convierta en ley el proyecto tal como viene de la cámara alta, algunos beneficiarios podrían recurrir a la justicia para frenar el reajuste. “Va a haber juicios por la reforma previsional. Pero no va a ser algo potente. Por 500 pesos de diferencia no valdría la pena hacerlo”, indicó.

En febrero pasado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, también había sido protagonista de una polémica declaración al defender una baja del 0,3% del haber jubilatorio por decreto -se argumentaba un error de cálculo que venía de la gestión anterior- al asegurar que la oposición no puede “correr” al gobierno por “corregir un error matemático de 20 pesos de impacto”.

Ante la escalada de la controversia por lo que en los hechos era una rebaja a los jubilados, Mauricio Macri decidió dar de baja la resolución.

Ahora en el gobierno defienden la reforma jubilatoria, ya que con el pacto fiscal acordado con los gobernadores se quitaban recursos a la ANSeS por vía de la recaudación, entonces habría que buscar otros mecanismos de financiación para hacerlo sustentable.

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