Por previsible que fuera, el pico inflacionario de diciembre no dejó de ser un dato crudo de lo complicado que resulta dominar el flagelo y lo difícil que será encuadrar la negociación paritaria, en un contexto alterado por el avance judicial sobre un sindicalismo que ha entrado en estado deliberativo.

En tiempos de Alfonsín se le había puesto cifras a las personas que iban cayendo en la pobreza como consecuencia directa del alza del costo de vida. Algunos especialistas afirmaban que cada punto de inflación representaba 200 mil nuevos pobres. Un cálculo aventurado en tiempos en que el INDEC todavía no medía el índice de pobreza. Estimaciones del Centro de Población, Empleo y Desarrollo de la UBA establecen que en octubre de 1982 la pobreza en el GBA ascendía a un 21,6% y el gobierno radical llegó a reducirla en 1985 a 19,6%. Pero hiperinflación mediante, en octubre de 1989, a poco de haber asumido Carlos Menem, ese nivel llegaba a 38,3%.

Un estudio de Orlando Ferreres reseñado en un informe de Chequeado.com coincide en ubicar a la pobreza en 39,8 puntos para 1989, y un año después en 41,3%. No hay que olvidar que en tiempos de Menem hubo otro brote de hiperinflación. Para el INDEC, que ya en 1989 hacía esas mediciones, la pobreza llegaba ese año a 47,3%, pero convertibilidad mediante, en 1995 se había reducido al 22,2.

Contradice esa incidencia directa entre cada punto de inflación y los pobres que genera que ya sobre el final del segundo mandato de Menem, cuando hasta había deflación, la pobreza subiera a 26,7%. Y con De la Rúa, que no tocó la convertibilidad, llegó a 35,4% en 2001...

De aquellos tiempos viene la frase de Raúl Alfonsín que sugería que “un poco de inflación no nos vendría mal”, remitiendo a una idea populista básica según la cual la inflación moderada es buena para el crecimiento. Fue un argumento que evocó más de un economista cuando el 28 de diciembre pasado el gobierno decidió modificar las metas de inflación y con ello pareció alterar paradigmas del macrismo.

Las luces de alarma se encendieron a la espera de una combinación peligrosa, que unía a un supuesto relajamiento de la lucha contra la inflación y una baja notoria de tasas. Por eso la gran expectativa puesta en el 10 de enero, que algunos llegaron a definir como “supermartes”. Quienes trataban de interpretar por qué Federico Sturzenegger no había renunciado cuando el gobierno decidió contradecirlo y forzar una modificación de las metas, señalaban que en el fondo el titular del BCRA “no es un técnico”, sino “un político” dispuesto a alinearse con el gobierno al que adscribe, más allá de la independencia de la entidad que preside. Lo cierto es que la expectativa puesta en la baja de tasas fue en definitiva tan exagerada como exigua resultó ser la reducción dispuesta por la autoridad monetaria. Aunque la medida se justificó en que tantas expectativas generadas en torno al tema hacían temer que una alteración notoria motivara un respingo inflacionario.

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Como sea, la suerte de diciembre en la materia ya estaba echada y arrojó un previsible 3,1% para el último mes del año, que redundó en un 24,8% para todo 2017, ocho puntos por encima de la meta prevista para el segundo año de Cambiemos en el poder. Incurriendo en un reduccionismo tendencioso, están los que ironizan diciendo que después de tantos esfuerzos el gobierno solo ha logrado llevar la inflación al nivel que la dejó Cristina. En rigor, por un lado no existían estadísticas confiables con el kirchnerismo en el poder, y por otro a este número se ha llegado con un sinceramiento de las tarifas que ya se encuentra a mitad de camino, sin cepo y un tipo de cambio quizás bajo, pero no artificial.

De todos modos, la manera como terminó 2017 y el efecto arrastre que deja, no son el mejor antecedente para el año que se inicia. Desde el gobierno tratan de infundir confianza al señalar que para el mes de abril habrá concluido la sucesión de aumentos y sobrevendrá cierta calma, pero el economista Rodolfo Santángelo pone dudas al preguntarse: “Si tenés dos meses de 2 (puntos de inflación), ¿cómo hacés para cerrar 15% (en todo el año)?”.

En este contexto se va preparando el camino para las paritarias, que se presume azaroso. El año pasado la discusión pudo ser encarrilada cuando desde el propio Estado ofrecieron la “cláusula gatillo”, que buena parte del sector privado -no todos- adoptaron. Pero hoy el gobierno parece decidido a dejar de lado esa herramienta. Por eso es que desde Hacienda salieron a celebrar y poner como ejemplo el acuerdo alcanzado con los municipales neuquinos, con los que se acordó un 16% para todo el año, en 3 cuotas y sin cláusula gatillo.

Si la meta inflacionaria es de 15 puntos, la oferta salarial es de 16% y los economistas con más vocación propositiva hablan de al menos una inflación anual de 17%, cuesta imaginar arreglos pacíficos en paritarias. Como así también cuesta entender la obsesión oficial por desechar la cláusula gatillo que tan bien les había rendido el año pasado.

Es un mal precedente que contribuye a alentar expectativas inflacionarias, argumentan desde Hacienda. Poco partidario del gradualismo y por esa razón alejado del cargo que imaginaba tendría en un gobierno de su amigo Mauricio Macri, Carlos Melconian cuestiona también ese recurso: “La cláusula gatillo está destinada a mantener la inercia”, advierte hablando de la inflación.

¿Acaso se encuadrarán los gremios a partir del estado de pánico que impera en la dirigencia sindical ante el sorpresivo accionar judicial de los últimos tiempos? Difícil saberlo, pero una señal desesperada la dio en la semana el inefable Luis Barrionuevo, cuando amenazó sin ambages al gobierno recordándole los finales anticipados de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. El líder gastronómico, que supo tener una buena sintonía con el macrismo y cuyo cuñado se alineó directamente en su momento con el PRO en la ciudad, es uno de esos dirigentes sindicales que no tomó nota de la llegada del siglo XXI. Autor de frases tales como la recomendación de “dejar de robar dos años”, el sincericidio “nadie se hizo rico trabajando”, o la confesión “soy recontra alcahuete de Menem”, Barrionuevo convocó para esta semana a una cumbre sindical en la que se analizará esta complicada coyuntura.

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Sobre llovido mojado, la sangre pareció llegar al río cuando la PROCELAC -es decir el gobierno- denunció en el fuero penal económico y tras un informe de la UIF a Hugo y Pablo Moyano, el gremio Camioneros y empresas y grupos económicos vinculados al presidente de Independiente. El ex titular cegetista sigue siendo el sindicalista más poderoso del país, y quedó involucrado en una denuncia grave, cuando parecía que la situación se había encarrilado respecto de la deuda de OCA con la AFIP y la investigación de la relación con la barra de Independiente no parecía amenazar con perturbarlo. Si hasta la ausencia presidencial a la inauguración del sanatorio Antártida había sido compensada con la presencia del ministro de Trabajo y otras figuras del PRO.

El sindicalismo en su conjunto mira expectante la reacción de los Moyano, teniendo en cuenta los antecedentes en la materia: cuando en 2011 un fiscal suizo pidió copia de las causas contra el entonces secretario general de la CGT y bloqueó una cuenta con 1.870.000 dólares de la empresa Covelia, éste reaccionó anunciando un paro del poderoso gremio camionero, con movilización a Plaza de Mayo, para protestar por la “persecución” contra su líder.

El gobierno sabe bien de la capacidad de fuego de Moyano. Si bien no maneja los transportes públicos, tiene incidencia determinante en elementos básicos como el transporte de combustibles, o el de caudales...

En este contexto y con un clima tan enrarecido, no hay ninguna posibilidad de que la reforma laboral vaya a ser tratada en febrero, como insistían desde el gobierno, en el marco de sesiones extraordinarias a las que el Poder Ejecutivo igual convocará, cuestión de no dar la señal de ser arriado por Miguel Pichetto, que sostiene que esa reforma debe ser tratada en el período ordinario. Una salida razonable será el tratamiento en el mes de febrero de cuestiones consensuadas, y posponer el debate del tema laboral.

Una encumbrada fuente del oficialismo en la Cámara de Diputados había admitido ante este medio la posibilidad de dividir en partes la reforma laboral, pero como ya anticipamos aquí mismo, eso no sucederá, pues implicaría inexorablemente el fracaso a los tramos más resistidos por los gremios.

Verán entonces como retomar la negociación de esta reforma con un triunvirato cegetista que si bien había adelantado inicialmente su predisposición favorable, ya no aparece dispuesto a ir a poner la cara para defender la norma.

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