El ministro del Interior dio cuenta de que se otorgaron 815.000 residencias y permisos de ingreso al país, pero que se expulsaron 3.000 extranjeros con antecedentes penales

Como parte del balance de gestión oficial, el gobierno informó que en los últimos cuatro años otorgó 815 mil residencias y permisos de ingreso al país y, merced al endurecimiento de las regulaciones migratorias, se expulsaron poco más de 3.000 inmigrantes con antecedentes penales.

El ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, dio a conocer en las últimas horas el primer tramo del informe de gestión -el segundo referido a las obras realizadas, se presentará el lunes por la tarde en las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada- en el que se difundieron, entre otros, datos sobre la política de migraciones llevada adelante por la administración macrista.

En 2016 el gobierno endureció la política migratoria y reforzó los controles en las fronteras con la intención de profundizar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el trabajo en negro de los inmigrantes.

De acuerdo a los datos vertidos por Horacio García, director de Migraciones, en la presidencia de Mauricio Macri se otorgaron 815 mil residencias y permisos de ingreso. ‘En cuanto al control de permanencia de extranjeros, se efectuaron 109.399, un 186 % más que entre 2011 y 2015, la recaudación por infracciones se incrementó un 88 % y se tramitaron 67.301 AVE (visado electrónico que no existía anteriormente). Asimismo hubo 11.929 alertas de Interpol, que devinieron en 315 delincuentes puestos a disposición de la justicia’, se informó.

También se controlaron más de 40 millones de pasajeros aéreos con el sistema API de información anticipada previo a su llegada al país, una de las novedades del sistema de alerta implementado por el oficialismo.

Pero el dato más saliente de esta política, es que García indicó que por los mayores controles hubo durante el período unas ‘3 mil expulsiones’ de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales o por haber cometido ilícitos en el país. Se aclaró que, más allá de las actuaciones administrativas, en todos los casos ‘hubo una revisión judicial’ y que los expulsados eran ‘delincuentes’.

Otra de las políticas activas en este rubro fue la atención del aluvión de migrantes venezolanos que arribaron al país: unos 170 mil convirtiéndose, así, en la primera nacionalidad en afincarse en el país superando a la boliviana y la paraguaya.

En el gobierno remarcaron que se concretaron 1060 relocalizaciones efectivas de migrantes venezolanos, como ingenieros, técnicos y profesionales de la salud en varias provincias. Un ejemplo, citado por el propio Frigerio, fue el caso de los médicos de ese país que fueron recibidos en distintos centros de salud de Río Negro. Y, un caso paradigmático, resultó el médico que fue ascendido a director del hospital público de la localidad de Comayo, en esa provincia patagónica.

Sin duda hubo una política de apertura hacia los migrantes venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro, acaso influida por cuestiones políticas.

En este contexto, se flexibilizaron los requisitos documentales y de admisión de menores de la comunidad venezolana, se está desarrollando la Tarjeta de Identificación Unica destinada a venezolanos emigrados, administrada por Migraciones con apoyo de organismos internacionales. Además, se implementaron Centros de Información y Acogida de Migrantes con la colaboración de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en Capital y en Rosario y se encuentra en proceso de apertura el Centro en Ciudad de Córdoba.

También funciona bajo la órbita de esta cartera, la subsecretaría de Relaciones Municipales, a cargo de Lucas Delfino, que desde 2017 lleva cabo un ranking de municipios para incentivar el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales de todo el país (unos 2500).

En esta edición fueron destacadas las ciudades de Concordia, Godoy Cruz, Lanús, Mendoza, Neuquén, Pilar, Río Grande, Rafaela, Tres De Febrero y Viedma. Participaron 89 comunas, todas de más de 20 mil habitantes, y para la competencia se incluyeron indicadores de género y también una sección de transparencia y gobierno abierto.

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