La magistrada de San Luis tomó la polémica decisión basándose en el artículo 19 del Código Civil, "la existencia de la persona humana desde la concepción".

La Justicia de San Luis declaró inconstitucional la interrupción voluntaria del embarazo al dictaminar a favor de una presentación realizada por la ex senadora nacional justicialista Liliana Negre de Alonso, contra el gobierno de San Luis por ser el primer responsable del cumplimiento de las leyes en el distrito.

Según fuentes judiciales, la jueza laboral 2 María Eugenia Bona declaró la plena vigencia del artículo 19 del Código Civil y Comercial "que reconoce la existencia de la persona humana desde la concepción", declaró la "inconstitucionalidad" y "la inconvencionalidad" de los artículos 4 apartado 1 y 2, y apartados a, b y c, de la ley nacional 27.610 que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo.

En el dictamen, señaló que había actuado conforme al "artículo 27 de la Convención de Viena, artículos 1 y 4 de la Convención de los Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 1, 2 y 3 CDN, artículo 75 inciso 22 CN, artículos 49 y 210 Constitución de la Provincia de San Luis y jurisprudencia citada, artículo 75 inciso 23 CN".

Negre de Alonso, una ferviente defensora del rechazo al aborto, había presentado una acción declarativa de certeza para que "cese el estado de incertidumbre en el ámbito provincial" que ocasiona la "contradicción" entre dos artículos de la ley del aborto y el artículo 19 de Código Civil y Comercial, y se prohíba en San Luis "la práctica quirúrgica, clínica o medicamentosa del aborto, salvo en las causales contempladas en los incisos a (embarazo resultado de una violación) y b (peligro la vida o la salud integral de la persona gestante) del artículo 4 de la Ley 27.610".

ADEMÁS:

Para Vizzotti "la segunda ola es una posibilidad concreta en la Argentina"

La jueza Bona no hizo lugar al pedido sobre el inciso "d" del artículo 2, entendiendo que se trata de "medidas preventivas y de educación sexual que no violentan derechos constitucionales, ni afectan al artículo 19 del Código Civil y Comercial".

Por su parte, la Fiscalía de Estado respondió en el marco de las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para analizar la "disarmonía" en el ordenamiento legal que alegó Negre de Alonso.

También, la Fiscalía consideró que "la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es "referida a la salud pública y se dicta dentro del marco de los compromisos del Estado argentino en esta materia y derechos humanos de las mujeres" y advirtió que es "una ley de orden público y de aplicación obligatoria" en todo el país.

En un breve diálogo con la prensa, la jueza Bona compartió la postura de que debe ser la Corte la que en definitiva resuelva, pero sostuvo que "debe seguirse la vía procesal para llegar a esa instancia, debiendo por ende, resolver".

En 2010, Negre de Alonso -que llegó al Congreso como parte de la coalición política de Adolfo Rodríguez Saa, fue una de las más fervientes opositoras a la ley de Matrimonio Igualitario que terminó sancionando el Congreso de la Nación.

Aparecen en esta nota:

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - internet@dpopular.com.ar

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados