Lo reconoció el propio Gobierno a través del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien aclaró que el proceso se llevará a cabo "con mucha sensatez"

En los primeros días de abril, el Gobierno nacional confirmó que la ola de despidos en el Estado se había clavado en 10.921. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se hacía cargo de la cifra y él mismo aseguró en las últimas horas que la lista negra volverá a engrosarse.

"Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá, pero de ninguna manera empezamos por eso, sino que el resultado final de esto que hagamos con mucha sensatez. Vamos a ser implacables con los que no trabajan", le dijo al diario La Nación.

Siempre con la idea de hacer un Estado más eficiente, como se sugiere oficialmente, se llevarán a cabo traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios y la no renovación de contratos. Si bien no se precisan fecha, un informe publicado por el diario Página 12 el fin de semana deslizaba que será para fin de año y bajo el rótulo "Dotación óptima de personal".



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Allí se hablaba de revisar los contratos de los 114.962 mil trabajadores de la administración pública nacional, y que para ello se giró un documento interno entre los 20 ministerios y los cinco organismos descentralizados que conforman el Poder Ejecutivo.

El "análisis" en cuestión consiste, entre otras cosas, en la distribución de un formulario de preguntas para ser contestadas por los estatales sobre nivel de estudios alcanzado, las tareas que desempeñan y la cantidad de horas laborales que cumplen. ATE denunció que las encuestas son implementadas por consultoras privadas y por trabajadores reincorporados tras los despidos del primer trimestre y ahora están obligados a entrevistar a sus propios compañeros.

En el ministerio comandado por Ibarra dan cuenta de que el 35% de los empleados públicos cuentan hoy con un contrato no permanente, cuando la ley estipula que no puede sobrepasar el 15%. Asimismo, anuncian que para fin de año incorporarán a planta permanente a 2.500 del total de 13.000 que llevan más de diez años trabajando en el Estado.

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