Senado: la UCR consiguió las firmas para tratar el financiamiento a las universidades

En el pedido se solicita que se lleven al recinto y se debatan tres proyectos que abordan desde diferentes ópticas la cuestión que precipitó la movilización multitudinaria: la reducción drástica de los recursos a las 66 universidades, que según los rectores y la comunidad educativa podría impedir el normal funcionamiento antes del receso de invierno.

El objetivo es que se traten proyectos sobre el financiamiento a las Universidades públicas que tienen estado parlamentario y no se tratan en comisión, en respuesta a la masiva marcha del martes en defensa de las universidades nacionales.

Lo llamativo es que el pedido de Lousteau viene acompañado por las firma de senadores de otras bancadas, por lo que podría eventualmente lograr el respado del bloque de Unión por la Patria, que es el mayoritario.

Los firmantes del proyecto de Lousteau están encabezados por el presidente del Bloque de la UCR, Eduardo Vischi. También acompañan el pedido de sesión especial, Guadalupe Tagliaferri (PRO, Ciudad de Buenos Aires); Carlos Espínola (Unidad Federal, Corrientes); Alejandra Vigo (Hacemos Córdoba, Córdoba) y los radicales, Maximiliano Abad (Buenos Aires); Daniel Kroneberger (La Pampa), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Flavio Fama (Catamarca).

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En el documento para solicitar la sesión especial en la Cámara del Senado para tratar el desfinanciamiento a las universidades que hizo el Gobierno en su plan de ajuste, se incluye el debate sobre una serie de tópicos:

• Proyecto de Ley S-285/24: lleva la firma de Lousteau declara la emergencia del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024 y establece los mecanismos de financiamiento del mismo.
• Proyecto de Ley S-637/24: lleva la firma de Silvia Sapag y declara la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante el año 2024 y eleva la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones para este año.
• Proyecto de ley S-638/24: lleva también la firma de Silvia Sapag y establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032.

“El tratamiento urgente y especial de los proyectos solicitados se enmarca en la situación de desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional”, argumentaron los ocho legisladores que motivaron el suceso.

El pedido de sesión especial ocurre a 48 horas de la masiva movilización en defensa del valor de la educación pública de estudiantes, personal docente, no docente, científicos del Congreso a Plaza de Mayo, que contó también con la participación de fuerzas políticas de la oposición -entre ellas el peronismo, un sector de la UCR, la izquierda, la Coalición Cívica de Elisa Carrió- pero también movimientos piqueteros y columnas del sindicalismo, tanto de la CGT como de las dos CTA.

Esa marcha, que convocó a un mínimo de 150 mil personas y 500 mil -según el cálculo del gobierno y el de los organizadores, generó un fuerte impacto político, que excedió por lejos la cuestión educativa y significó el primer desafío fuerte al gobierno de Javier Milei.