Es por presunta "asociación ilícita agravada" y "tráfico de influencias", entre otros, luego de que la jueza Ana María Figueroa dijera que recibió presiones durante el gobierno anterior

Un grupo de veinte senadores y diputados del kirchnerismo presentó este miércoles una denuncia para que se investigue a funcionarios judiciales del macrismo por presunta “asociación ilícita agravada” y “tráfico de influencias”, entre otros, luego de que la jueza Ana María Figueroa dijera que recibió presiones durante el gobierno anterior.

La denuncia se basa en las declaraciones formuladas por la magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri existió “una metodología” de presiones sobre jueces y fiscales, y que ella fue blanco de una imposición a seguir en la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán.

En ese marco, los legisladores kirchneristas pidieron que se investiguen “las presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por Mauricio Macri”.

“Una magistrada que integra el máximo tribunal penal federal del país reconoció que, durante los últimos cuatro años, no solo ella, sino también muchos otros colegas, sufrieron presiones por parte de miembros del Poder Ejecutivo de la Nación e integrantes de servicios -aparentemente de inteligencia-, quienes se arrogaron ilícitamente la potestad de direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera”, sostuvieron en la denuncia de diez páginas de extensión.

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Al respecto, los legisladores señalaron que “los hechos relatados han puesto en crisis los principios básicos que hacen al Estado de Derecho” y consideraron que se habrían producido los delitos de “asociación ilícita‘; “asociación ilícita agravada‘; “amenazas coactivas agravadas‘; “abuso de autoridad” y “tráflco de influencias”.

Reclamaron, además, que se oficie a todas las empresas telefónicas del país a fin de que informen “los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por (el fiscal general de la Ciudad) Juan Bautista Mahiques”, uno de los apuntados por ejercer las supuestas presiones a los jueces.

También pidieron pesquisar “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita establecer si entre el 10 de diciembre de 2015 y el de diciembre de 2019, magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, visitaron la residencia de Olivos; la Casa Rosada; la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

“En caso afirmativo, deberán precisar día y hora de las visitas, duración de las mismas y los funcionarios con los que se mantuvieron entrevistas”, solicitaron.

La denuncia lleva las firmas de los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Claudio Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorg Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Claudia Almirón y Mariano Recalde.

También las de los diputados José Luis Gioja, Josefina Gónzalez, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodriguez Saa, María Graciela Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

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