Política |
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El Gobierno apuesta a definir concesiones durante la sesión. Desde la oposición dialoguista sostienen que buscan acotar los cambios al mínimo indispensable.
El Gobierno resolvió no impulsar modificaciones al dictamen de la reforma laboral y trasladar la negociación política al recinto del Senado, donde se concentrará la principal disputa con los gobernadores dialoguistas y los bloques aliados.
La estrategia del Ejecutivo apunta a evitar una reapertura de la discusión en comisión, que consideran un signo de debilidad, y administrar eventuales concesiones durante la votación en particular.
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La decisión expone la tensión con los mandatarios provinciales, que reclaman cambios en el esquema de reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades por su impacto directo en los recursos coparticipables. En la Casa Rosada admiten que no cuentan con margen para imponerse en comisión y apuestan a definir el desenlace “en esas horas de sesión”.
Posturas distintas en el gabinete
Puertas adentro del gabinete conviven posturas divergentes. Un sector sostiene que no habrá alteraciones sobre el capítulo tributario y que las provincias deberán reunir los votos necesarios si pretenden introducir cambios.
Otros despachos, en cambio, relativizan el endurecimiento y anticipan que el dictamen “así como está no sale”, por lo que ven inevitable ceder para garantizar la media sanción. “Si no nos queda opción, vamos a tener que conceder”, admiten.
La línea dura del oficialismo insiste en que la reforma debe aprobarse sin desnaturalizar su “espíritu” y descarta aceptar modificaciones profundas en materia impositiva o esquemas paralelos de compensación, como obras públicas o fondos extraordinarios para gobernadores aliados. También el capítulo sindical genera matices: mientras algunos aseguran que no habrá cambios, otros no descartan recortes de artículos y minimizan su impacto sobre la creación de empleo.
Senadores radicales
En paralelo, el bloque de senadores de la UCR mantuvo un encuentro virtual y resolvió plantear sus pedidos directamente a la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich, en una cumbre prevista para esta tarde en el Palacio Legislativo, con la participación del PRO y fuerzas provinciales. La bancada radical, que conduce Eduardo Vischi, evita fijar posición pública, aunque admite un acuerdo del “80 al 85%” con la iniciativa.
Entre los puntos a revisar figuran la eventual quita de coparticipación, beneficios para grandes empresas y aspectos específicos como la cuota solidaria sindical.
Desde la oposición dialoguista sostienen que buscan acotar los cambios al mínimo indispensable, pero advierten que hay temas con poco margen de cesión. “Lo mejor es ordenar por ley cuestiones pendientes desde hace años y dejar atrás los DNU judicializados”, sintetizó un experimentado negociador.
Bullrich cuenta con un interbloque de 21 senadores, lejos de los 37 necesarios para el quórum, por lo que el oficialismo deberá sumar apoyos de la UCR, el PRO y representantes provinciales. Para esta tarde se esperan, entre otros, a Carlos Espínola, Flavia Royón y Julieta Corroza, terminales legislativas de Corrientes, Salta y Neuquén.
Uno de los artículos que genera mayor preocupación es el 212, que delega en el Ministerio de Economía la entrada en vigencia de capítulos clave vinculados al Fondo de Asistencia Laboral, incentivos a inversiones y reducción de la carga tributaria, supeditados al equilibrio fiscal. En la Cámara alta lo leen como una facultad delegada encubierta.
A la agenda se suma, además, el proyecto sobre glaciares, que despierta resistencias por la aplicación del Acuerdo de Escazú, el amplio margen que se otorgaría a los gobernadores para delimitar zonas periglaciales y un esquema de regalías considerado insuficiente. Un combo que, advierten, podría sumar ruido político en un Senado donde el oficialismo se juega una de sus batallas legislativas más complejas.