Sobreseyeron a "Caballo" Suárez en una causa por lavado de dinero

El Juzgado Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas, sobreseyó a la cúpula del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en una causa en la que se investigaba un presunto contrabando y lavado de dinero a través de empresas a las que se vinculó con el gremio.

La acusación había sido impulsada por Gladys González, exinterventora del gremio y actual senadora nacional por Juntos por el Cambio.

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El extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) resultó sobreseído ante el "beneficio de la duda". Archivo.

González acusó a Suárez y a otras personas vinculadas a él de supuestas maniobras de lavado a través de dos empresas, Maruba y Mercantes SA, que según la acusación eran utilizadas por el sindicalista para vehiculizar las coimas y pagos que exigía a las empresas navieras a cambio de "paz social" en las aguas: el SOMU protagonizó decenas de huelgas que le costaron millones a las embarcaciones que no podían operar normalmente durante esas protestas.

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Suárez, que fue expulsado del SOMU y pretende recuperar ahora con 74 años su afiliación, ya había sido absuelto en 2022 en otro expediente que tenía en curso y por el que había estado preso. En ese caso, después de tres años de juicio, fue absuelto de la acusación de ser jefe de una asociación ilícita, coacción y fraude en el manejo del SOMU, la mutual del gremio y la obra social.

En el fallo conocido hoy, además de Suárez, fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Manuel Medina, Jorge Antonio Suárez, Gustavo Alberto Rodríguez Vázquez, Eduardo Héctor Rodríguez Vázquez, Fernando Gabriel Rodríguez Vázquez, Samuel Jorge Rodríguez Vázquez, Juan Manuel Ondarcuhu, Aldo Norberto Principi y Mariano Barberá.

“No ha sido posible probar el rol de Enrique Omar Suárez dentro del entramado delictivo aquí investigado, cuestión que resulta fundamental toda vez que -más allá de que las firmas atribuidas al nombrado hayan sido como garante de “nuevos negocios” y “paz social”- es a él a quien se le atribuye principalmente la comisión del delito precedente que habría servido de base a la maniobra de lavado de dinero compuesta por la compra inicial del 20% de las acciones del grupo Maruba a través de Mercantes S.A y la posterior recuperación de la mitad de dicho paquete accionario por parte de la familia Rodríguez mediante las cartas de oferta en cuestión; de modo que la invalidez de la firma de Suárez en estos documentos constituye un impedimento para el avance de la instrucción”, explicó un fragmento de la resolución judicial que beneficia a uno de los sindicalistas más alineados con el kirchnerismo.