La ministra de Desarrollo Social destacó que la iniciativa apunta a "saldar una deuda histórica" con las familias que viven en asentamientos precarios.

La ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley presentó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que promueve el gobierno para urbanizar villas en todo el país y destacó que la iniciativa apunta a “saldar una deuda histórica” con las familias que viven en asentamientos precarios.

La norma propuesta, que lleva la firma de los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (PRO) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), establece un “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial” y declara la “utilidad pública” y sujeto a expropiación de las tierras donde se localizan 4.228 asentamientos urbanos precarios con el objetivo de urbanizar y entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.

“Vamos a coincidir todos si hablamos de una deuda histórica con cada una de las personas y familias que hoy viven en barrios populares, en villas y asentamientos, no sólo por la falta de servicios sino también por la falta de posibilidad de acceder a lo que tiene que ver con la escritura, titularidad o certificación de los terrenos o las casas donde viven”, afirmó Stanley durante la reunión de las comisiones Asuntos Constitucionales; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Legislación General; y Presupuesto y Hacienda.

Según un relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que funciona en la órbita de la cartera que dirige Stanley, 3.5 millones de personas viven en las 4.228 villas, que cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, es decir, más del doble del área de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra detalló que en el 68% de los barrios populares viven menos de 150 familias y que el 55% de ellas residen allí desde antes del 2000. Al dar cuenta de las apremiantes condiciones en las que viven, precisó que casi el 99% no cuenta con acceso a la red cloacal, casi el 94% carece de red de agua corriente, mientras que el 70,5% no tiene energía eléctrica y el 40% es menor de 29 años, lo cual habla de una “población muy joven”.

A la hora de las preguntas, la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti manifestó su inquietud respecto de la solvencia económica del plan de urbanización: “No sabemos cómo viene el próximo presupuesto, que seguramente va a ser con las exigencias de ajuste del FMI”.

Stanley respondió que “el presupuesto se va armar consensuado” y que será uno que “muestre un compromiso social” como en el de este año, en el que “la inversión social es del 76%”. Sin embargo, reconoció que el proceso no se va a culminar “en uno, ni en dos ni en tres años, sino que va a llevar mucho tiempo”.

Al respecto, la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo afirmó que para que no quede en “una expresión de deseo”, el proyecto debe mejorarse de manera tal que dé cuenta de los “plazos” en que se ejecutará, “cómo se implementa y cuánto le va a costar al Estado”.i

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