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Los trabajadores prácticos, que son clave para el ingreso y egreso de buques en las terminales, realizan la medida de fuerza en rechazo a un decreto del gobierno nacional.
Un cambio normativo impulsado por el Gobierno desató un paro de actividades en el servicio de practicaje -clave para el ingreso y egreso de buques en los puertos- y complica al comercio exterior argentino. Tras la publicación del Decreto 690/2026, la mayoría de los prácticos decidió de forma individual no aceptar nuevos turnos hasta que se revise la medida.
El impacto de la medida de fuerza se siente con especial fuerza en el polo agroindustrial del Gran Rosario, que abarca las terminales de San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín. Allí, unos 140 buques graneleros permanecen fondeados a la espera de turno, lo que genera demoras y costos extraordinarios en el corazón de las exportaciones agrícolas. La protesta afecta también a un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar.
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Los prácticos desempeñan un rol clave para la seguridad del transporte marítimo y fluvial en zonas de complejidad geográfica, como los canales de acceso, el río Paraná y el Río de la Plata. Su conocimiento sobre corrientes, profundidades y maniobras resulta indispensable para garantizar la navegación sin riesgos de las grandes embarcaciones que trasladan la mayor parte del comercio exterior del país.
El detonante de la crisis fue la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma sustituye la reglamentación vigente desde 1991 e introduce transformaciones: elimina los límites de cupos para la inscripción de nuevos profesionales, autoriza a los armadores a contratar el servicio de manera directa, fija topes a las tarifas mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y habilita a que ciertos capitanes naveguen sin asistencia si acumulan suficiente experiencia previa en una ruta.
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Desde el Poder Ejecutivo argumentan que estas reformas permitirán reducir costos logísticos, fomentar la libre competencia y desarmar distorsiones históricas en el sector, caracterizadas por barreras de entrada que encarecían la cadena de exportación. Sin embargo, los trabajadores ven amenazadas sus condiciones laborales y la propia seguridad operacional de las vías navegables.
Para mitigar los efectos del freno operativo, el propio decreto faculta a la Prefectura Naval y a la Armada a intervenir en la prestación del servicio en casos de emergencia. En tanto, las embarcaciones destinadas al transporte de petróleo y gas continúan operando normalmente para evitar desabastecimientos energéticos locales.
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