El fallo de la Corte que reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y avaló la presencialidad en las escuelas porteñas, provocó un fuerte cimbronazo en la Casa Rosada. Las reacciones fueron escalonadas. Primero fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien a través de Twitter habló de un “golpe”. Luego el presidente Alberto Fernández dijo: “Me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias”.

Pero la decisión más importante fue evaluada durante todo el día y puesta en marcha sobre el final de la tarde. Para ponerle un punto final a la posibilidad de que la Corte vuelva a fallar contra un DNU del Ejecutivo, en Jefatura de Gabinete y Secretaría Legal y Técnica ya trabajan en un proyecto de ley casi idéntico al último decreto de necesidad y urgencia, que será enviado al Congreso en pocos días más.

La idea es plantear el mismo marco de referencia tomando una serie de variables epidemiológicas que permitan determinar cuándo un distrito debe aplicar restricciones a la circulación, sin importar si el gobernador o jefe de gobierno de esa provincia adhiere o no a las medidas impulsadas por el gobierno nacional. Una medida que, si sale como la planean, permitirá alinear a los gobernadores (incluso a los más rebeldes) y darle la espalda a la Corte Suprema de Justicia. Verdaderamente un dos por uno.

“Nosotros queremos la que la política la sigan haciendo los políticos, no los jueces”, dijeron en un despacho de la Casa Rosada donde se deciden medidas a diario. Está claro que la guerra con “el partido judicial” ya ha sido declarada.

Pero además, la idea de convertir el último DNU (ese en el que se basó el último discurso del presidente Fernández cuando anunció las últimas 3 semanas de aislamiento y estableció 4 zonas en todo el país) en una ley busca un objetivo tan importante como calmar los ímpetus judiciales: domesticar a los gobernadores rebeldes. Y así asegurarse el cumplimiento de las medidas que se impulsan desde el gobierno nacional con el objetivo de amortiguar los efectos de la pandemia.

“Se trata de darle una espalda legal a las medidas, siempre basándonos en parámetros establecidos como la velocidad con que aumentan los casos en una región o cuál es el nivel de ocupación de las camas en las UTI (unidades de terapia intensiva)”, señaló un funcionario. Y agregó: “Porque si no, todo es voluntario”.

En voz baja, en el Gobierno aseguran que los más rebeldes son la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. “Son los que politizan al extremo”, susurran. En tanto, consideran que Córdoba, Jujuy y Corrientes, son más flexibles, aunque cuesta que apliquen las indicaciones del gobierno nacional.

Para evitar que cada provincia disponga aplicar o no las restricciones que indica el gobierno nacional es que desde Casa Rosada trabajan contrarreloj para tener listo el proyecto de ley que, seguramente, ingresará por la Cámara de Diputados.

“Queremos sostener la idea de que se pueden hacer rankings de distritos tomando las variables epidemiológicas que mencionamos”, dijeron en Gobierno. Y plasmar eso en un documento que tenga carácter de ley.

Pero no será soplar y hacer botellas. Primero, el Gobierno debe elaborar el proyecto de ley y enviarlo al Congreso. Luego, garantizar que sea tratado —con la mayor velocidad posible— en las distintas comisiones de la Cámara Baja (suponiendo que ingrese por allí). Luego, su tratamiento sobre tablas. Y allí su pase al Senado.

En la Cámara Alta será donde se verá si el diálogo con los gobernadores rindió sus frutos. En la Rosada confían en contar con el acompañamiento de las provincias.

Si el Gobierno logra convertir este proyecto en ley, la Corte dejará de ser un dolor de cabeza, al menos en lo que atañe a las restricciones durante la pandemia.

Claro que para que todo esto ocurra, es posible que transcurran varios meses. Y tal vez, quién sabe, ojalá, en ese momento ya no sea necesario aplicar tantas restricciones horarias y de circulación. En especial, si llegan más vacunas y para entonces se hubiera logrado la tan anhelada inmunidad de rebaño.

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