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Está acusado de ser el administrador de una empresa fantasma, creada para recibir dinero de ilícitos y convertirlo en critptomonedas para complicar su rastreo.
En el marco de una investigación por una estafa de 425 millones de pesos a una reconocida PyME de Florencio Varela, un sujeto culminó detenido acusado de ser el administrador de una empresa fantasma que blanqueaba el dinero de ilícitos de la misma modalidad, en tanto que la firma tenía sede en CABA y en Ituzaingó y convertían lo sustraído en criptomonedas para dificultar su rastreo.
El expediente es tramitado por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 especializada en Delitos de Extorsión, Estafas y Defraudaciones en Entornos Digitales del Departamento Judicial Quilmes, que desde septiembre investiga el movimiento irregular que vació la cuenta de la empresa dedicada a la fabricación de films autoadhesivos. Según consta en la denuncia, desconocidos accedieron al home banking, pidieron un crédito y aprovecharon un descubierto bancario e hicieron un daño terrible.
No era la primera vez que les sucedía y todos los cañones apuntaron contra las entidades bancarias, a las cuales le vulneraron el sistema de seguridad con total facilidad. Es por ello que las autoridades judiciales lograron captar parte del recorrido de la plata y llegaron hasta una empresa fantasma que funcionaba en Capital Federal y en zona oeste.
El principal sospechoso detenido sería el administrador de la firma beneficiaria de la millonaria operación. Los investigadores sostienen que dicha empresa habría sido creada con fines exclusivamente delictivos y utilizada para convertir de inmediato el dinero sustraído en criptomonedas, dificultando la trazabilidad de los fondos. Durante los allanamientos, los agentes secuestraron teléfonos celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar la ruta del dinero y las responsabilidades concretas.
El caso volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el sistema financiero local. La investigación señala presuntas falencias en los controles de verificación de identidad y cuestiona la lentitud del banco para revertir la transferencia, pese a que la maniobra fue advertida pocas horas después por la pyme afectada. La víctima, que emplea a decenas de trabajadores, reclama que la entidad bancaria asuma su responsabilidad por no activar a tiempo los mecanismos de bloqueo.
Mientras la Justicia avanza con nuevas medidas, el episodio reafirma el crecimiento de las estafas digitales y el desafío que representan para empresas y organismos en un contexto de delitos cada vez más profesionalizados.
Es importante resaltar que las víctimas de la estafa sostuvieron desde un primer momento que este golpe los dejó al borde de la quiebra, ya que no tenían dinero para afrontar los sueldos de los operarios, la reposición de mercadería y demás.
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