Dispusieron el cierre de dos registros automotores de La Matanza

Se trata del Registro Automotor La Matanza N° 05, a cargo de Nicolás Guido De La Llave, ubicado en Hipólito Yrigoyen 2217, primer piso, San Justo; y del Registro Automotor La Matanza N° 15, a cargo del contador Fernando Jorge Gutiérrez, situado en Hipólito Yrigoyen 2569, cuarto piso, también en San Justo.

Hasta ahora, el distrito contaba con 15 registros automotores, uno situado en Ramos Mejía y los restantes 14 en San Justo (cuatro en Yrigoyen 2569).

El cierre dispuesto por el gobierno de Javier Milei forma parte de un programa que comprende una reducción del 30 por ciento del personal de la DNRA, a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Además, se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que obligaba a reportar la venta de su vehículo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). También se suprimió la cédula azul, por lo que cualquier persona puede circular dentro del territorio nacional con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil. Paralelamente, se eliminó el vencimiento de todas las cédulas verdes.

Asimismo, se dispone que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100 por ciento de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los encargados de registros.

En tanto, se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

Por otra parte, se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70 por ciento del costo total de una transferencia.

Y se implementará un régimen de concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.