Especialista en seguridad advirtió que el cobro por "protección" por pequeñas bandas creció en los últimos tres años. La mayoría no lo denuncia por temor y los que no pagan se exponen a fuertes ataques.
La Argentina sufre el auge de un cambio de modalidad táctica en el crimen organizado. Se trata de pequeñas bandas o asociaciones ilícitas criminales con presencia territorial, que ya no limitan sus operaciones al narcomenudeo, sino que han volcado su estructura hacia la extorsión sistematizada contra comerciantes e incluso choferes de aplicaciones. Mediante la entrega de panfletos y mensajes directos -en los que invocan la presunta autoridad de grandes organizaciones delictivas nacionales e internacionales-, estas células exigen aportes económicos semanales a los dueños de locales bajo el precepto de brindarles una supuesta "seguridad".
La práctica, conocida por ejemplo como "cupo" en Perú, donde se ha difundido en los últimos años exponencialmente en varias actividades, a cargo de bandas de venezolanos y colombianos, genera un importante flujo de dinero en efectivo para los grupos locales y sumerge a las comunidades en una red de intimidación constante.
Quienes se niegan a abonar la cuota requerida se enfrentan a un abanico de represalias violentas -denominadas en el ambiente criminal como "las siete plagas"- que abarcan desde ataques con disparos contra las fachadas de los inmuebles y marcas de amedrentamiento, hasta incendios intencionales y atentados con garrafas de gas.
Esta clase de modalidad criminal de tipo extorsiva no es novedosa. En Sudamérica y el Caribe, en los 32 países del bloque, es vieja: tiene por lo menos 20 años, afirmó a este medio Daniel Adler, especialista en seguridad y contraterrorismo urbano, que advirtió que "en Argentina, su federalización se agudizó muchísimo durante los últimos tres años".
Según Adler, se trata de bandas pequeñas o asociaciones ilícitas de tres o cuatro personas, muchas veces menores de edad incluso que, en determinadas situaciones, se acercan mediante un papel que pasan por debajo de las puertas de un negocio con un número de WhatsApp. ¿Qué dice el texto? "Comunicate acá antes de las 7 de la tarde porque si no te va a pasar esto o aquello". Y la mayoría de la gente cae en eso, agregó Adler. "Estamos hablando del dueño de un kiosco, de una panadería o de un taller mecánico, de cualquier clase de comerciante o profesional independiente en general, cualquier monotributista, incluso el dueño de una PyME, pues en la imaginación de estos delincuentes esas personas tal vez tengan mucho dinero", indicó.
Adler describió que "ellos suelen decir: 'Tenés que hacer un pago semanal para tener protección en tu casa o en tu negocio', y en la mayoría de los casos el comerciante, al ver la desidia y el abandono que hay en materia de seguridad en el país, dicen que van a realizar un pago para que simplemente los dejen de molestar. Pero lo que ellos no se dan cuenta, es que haciendo ese pago inicial, cayeron en la trampa, y no van a dejar de extorsionarlos nunca".
Tan es así que, en caso de que no paguen, "pueden llegar a tirar aceite quemado en la puerta del negocio; en otros casos utilizan aerosol o pintura para pintar cosas que incluso no tienen nada que ver con la persona, pudiendo provocar de este modo un daño tanto psicológico como comercial en la víctima".
A pesar de la gravedad y del avance sostenido de esta amenaza en diversos puntos del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el nivel de denuncia formal se mantiene sumamente bajo, ubicándose incluso por debajo de otros delitos complejos como el de las viudas negras. El profundo temor a las represalias inmediatas y la falta de garantías de protección inhiben a la gran mayoría de los damnificados a recurrir a las autoridades, configurando un escenario donde la intimidación económica se consolida en la sombra de la cifra negra del delito.
Adler señaló que "esta clase de denuncias no te las toman en las comisarías, debido a que la víctima tiene que decir quién fue el que lo extorsionó, tarea que se hace muy compleja, puesto que, obviamente, en los panfletos y audios recortados de llamadas no aparece el nombre de la persona, lo que hace que sea muy complicado reconocerla".
"Semanalmente, recibimos un promedio de 200 mensajes de esta índole, muchos de los cuales tienen contenido gráfico -continuó-. También ocurre que prácticamente el 100% de las personas no denuncian este tipo de delitos. Esto no ocurre solo por miedo, sino también porque, lamentablemente, el ciudadano no cree en la justicia ni piensa que le vaya a dar respuestas".
Trazando paralelismos con su labor de asesoramiento para el gobierno ecuatoriano, ya que Ecuador llegó a tener el 75% de su territorio nacional ocupado bajo la amenaza de la extorsión, el especialista cree que determinadas actualizaciones son necesarias para hacer frente y aminorar la problemática.
En primer lugar, sostuvo que se tendría que implementar un curso breve para la policía, para dar herramientas de detección de sospechosos mediante lenguaje no verbal criminal. Por otro lado, consideró "fundamental" la aplicación de técnicas de contrainterrogatorio urbano, pues "cuando hay una determinada cantidad de personas en la en la vía pública, se las separa y se realiza esta técnica allí mismo. Esto puede darnos la certeza de saber si la persona no solo es sospechosa, sino también si opera en modalidad encubierta, si hay que hacerle un cacheo o incluso una posible captura". De igual manera, para Adler es imperativo trabajar con un "plan cuadrante" en donde haya tanto policía civil como policía uniformada.
las más leídas
comentar