Funcionaria bonaerense criticó la propuesta de reforma de la Ley de Glaciares

Durante la jornada, Vilar advirtió sobre graves irregularidades en el proceso: si bien más de 102 mil personas se inscribieron para participar, solo el 0,3 por ciento va a poder hacerlo de manera efectiva. En ese marco, la ministra llevó al Congreso un listado impreso con los nombres de quienes no pudieron intervenir, como forma de visibilizar la magnitud de la participación restringida.

“Se está violando el artículo 41 de la Constitución Nacional en su integralidad, junto con el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente”, señaló Vilar. “El derecho a un ambiente sano y a la participación no son optativos: son obligatorios”, agregó. En relación al contenido de la reforma, la ministra remarcó que “es absurdo plantear una dicotomía entre ambientalismo y producción porque los glaciares representan menos del 1 por ciento del territorio nacional y almacenan el 70 por ciento del agua dulce”. “De hecho, el agua de los glaciares es absolutamente necesaria para la producción. Sólo en la Provincia de Buenos Aires, la cuenca del Río Colorado que depende del deshielo de glaciares es el sistema de riego de 80 mil hectáreas del sur, la zona más árida. Sin agua no hay vida ni producción posible”, sentenció.

“Se lo pedimos: no avancen con esto, no solo por una responsabilidad institucional, sino también humana. Porque esto es irreversible: los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir”, sostuvo Vilar, esposa del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Asimismo, la ministra advirtió sobre el contexto político en el que se impulsa la iniciativa: “Es una pesadilla esta temporada de injusticias. Lo vemos también en la avanzada judicial, con Cristina (Fernández de Kirchner) presa, parte de la misma estrategia para debilitar al peronismo y poder llevar adelante esto”.

La autoridad del Ministerio de Ambiente bonaerense señaló que la modificación de la Ley de Glaciares implica un retroceso en los estándares de protección ambiental y pone en riesgo reservas estratégicas de agua para millones de argentinos y argentinas, además de afectar directamente el desarrollo productivo de distintas regiones del país.

Asimismo, remarcó la importancia de garantizar instancias reales de participación ciudadana en este tipo de debates, en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.