La Comisión Provincial por la Memoria exige una "investigación profunda" de lo ocurrido en Pergamino. Y aboga por la aplicación de "medidas urgentes" para que no se repitan episodios similares.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) responsabilizó al Estado bonaerense por las muertes de los siete presos en la seccional de Pergamino por no solucionar las condiciones de alojamiento en los lugares de encierro y pidió “clausurar todos los calabozos de las comisarías de la Provincia’.

Esta situación “exige a la autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia”, indicó la organización.

A través de un comunicado de prensa, la CPM añadió que “estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”.

“Todas las personas detenidas están bajo custodia del Estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades”, amplió.

Además, se afirmó que “el colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta reformas institucionales urgentes”.

Entre los cambios, reclamó “democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la Policía Judicial, creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos”.

También recordó que “desde hace años, venimos denunciando esta situación ante la Justicia argentina y en los organismos internacionales. A principios de 2015, presentamos una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses”.

“Esta presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación”, indicaron.

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