En una sesión del Consejo Superior, la casa de altos estudios aprobó por unanimidad la rectificación de los registros académicos de ocho estudiantes y un directivo desaparecidos.
En el marco de las actividades conmemorativas por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) concretó un paso fundamental en su política de derechos humanos. El Consejo Superior de la institución aprobó de forma unánime el proyecto para la reparación y restitución de los legajos de integrantes de la comunidad universitaria que resultaron víctimas del plan sistemático de desaparición forzada.
La iniciativa, impulsada por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Naón, implica un cambio en la condición administrativa de las hojas de vida de los afectados. A partir de ahora, en la documentación oficial de la Universidad, figurarán bajo la inscripción de "detenidos-desaparecidos", reconociendo formalmente que el cese de sus estudios o funciones no fue un abandono voluntario, sino una consecuencia directa del accionar represivo.
El trabajo de investigación, realizado en conjunto por las distintas facultades y el Rectorado, permitió reconstruir la historia de nueve miembros de la casa de estudios: estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales: María Cristina Bienposto (Periodismo), Pablo Musso (militante de la JUP y delegado obrero) y Julio Molina (primer presidente de la Federación Universitaria de Lomas de Zamora); estudiantes de Ciencias Económicas: Ramón Moncho Pérez (ayudante de cátedra) y José Nicasio Fernández Alvarez (militante del Centro de Estudiantes); estudiantes de Ingeniería: Jorge Antonio Brinoli, Rodolfo Ernesto Torres y Esteban Fernando Roldán; y Gestión Universitaria: Carlos Abel Ocerín Fernández, quien se desempeñó como funcionario de la universidad entre 1974 y 1975.
Durante la sesión, que contó con la presencia de representantes de todos los claustros -docentes, no docentes, estudiantes y autoridades- el decano Naón subrayó que esta medida trasciende lo administrativo. "No es un mero acto administrativo, sino que es un hecho político que se enmarca en el compromiso de nuestra universidad en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia; hoy también es un acto de resistencia", afirmó.
La reconstrucción de esos legajos es el resultado de un proceso de entrecruzamiento de datos académicos con registros de organismos de derechos humanos y testimonios de familiares. La mayoría de las detenciones ilegales y secuestros de esos integrantes ocurrieron en localidades del área de influencia de la Universidad, como Temperley, Lomas de Zamora, Turdera y Remedios de Escalada, entre 1976 y 1978.
Esa acción se suma a la tendencia de las universidades nacionales argentinas de normalizar sus archivos históricos para reflejar la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar. Para la UNLZ, la restitución de estos documentos representa una reparación para las familias y una herramienta pedagógica para que los actuales estudiantes tomen dimensión del impacto que el terrorismo de Estado tuvo en la vida democrática del campus.
Carlos Abel Ocerín Fernández fue funcionario de la Universidad entre 1974 y 1975. Fue detenido ilegalmente en la madrugada del 24 de marzo de 1977, en el domicilio de la calle Otamendi 209, Ciudad de Buenos Aires, por personal dependiente del Ejército Argentino.
Jorge Antonio Brinoli fue uno de los primeros inscriptos en la carrera de Ingeniería Agronómica en 1974. El «Flaco», como le decían sus compañeros, era de San Francisco Solano y había nacido el 1 de febrero de 1950. Estaba por cumplir 28 años el 30 de enero de 1978, cuando desapareció.
José Nicasio Fernández Alvarez. El gallego Pepe nació en La Coruña en 1949. Al momento de su desaparición, 9 de noviembre de 1976, cursaba las últimas materias de la Licenciatura en Administración de Empresas en la UNLZ y militaba en el Centro de Estudiantes.
Julio Molina era un estudiante y militante de la JUP. Fue el mentor y el primer presidente de la Federación Universitaria de Lomas de Zamora (FULZ). Luego del Golpe dejó de concurrir a la Universidad, se vio obligado a abandonar su casa en Temperley y debió cambiar varias veces su aspecto. Fue visto por última vez por su madre en los primeros días de octubre de 1977.
María Cristina Bienposto era estudiante de Periodismo y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). El 24 de agosto de 1977 fue secuestrada por un grupo de tareas en la intersección de Pereyra Lucena y Williams, en Lomas de Zamora.
Pablo Musso era el mayor de cuatro hermanos que formaban una familia obrera del Barrio La Perla de Temperley. Ingresó en 1973 a la Facultad de Ciencias Sociales. Militaba en la JUP y era delegado en la fábrica FIFA, en Florencio Varela. En la madrugada del 25 de octubre de 1976 un grupo de tareas irrumpió en la casa de los Musso ubicada en Triunvirato 425, Temperley, y se llevaron a Pablo.
Ramón Moncho Pérez ingresó a la carrera de Administración de Empresas en 1973. Fue ayudante de cátedra y militó en la Juventud Comunista. A las 4 de la mañana del 9 de noviembre de 1976, cuando Moncho se encontraba en su casa, ubicada cerca del Dispensario Municipal de Temperley, junto a su mujer y su hijo Daniel, un grupo de tareas irrumpió en el domicilio y se lo llevaron.
Rodolfo Ernesto Torres se inscribió en la carrera de Ingeniería Agronómica en 1976. Por su compromiso político tuvo que mudarse y vivir en la clandestinidad con su pareja. El 5 de septiembre de 1977 fue secuestrado junto a su novia, luego de que un grupo de tareas los estuvieran esperando en su casa de Turdera.
Esteban Fernando Roldán, estudiante de la carrera de Ingeniería Rural fue secuestrado el 13 de abril de 1976 en Remedios de Escalada, Lanús, junto a Aída Cecilia Rodríguez (la esposa), Miguel Angel Roldán (el hermano) y María Rita Giordano (la cuñada).
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