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En 2016, Luiz Vázquez sufrió un ACV y su apoderado se habría aprovechado de esa situación para despojarlo de todos sus bienes. Sus herederos reclaman justicia.
En 2016, Luis Vázquez, un empresario inmobiliario de 80 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), fue internado y en esa situación de absoluta vulnerabilidad fue despojado de 34 propiedades adquiridas a través de una vida de trabajo honrado.
El presunto responsable de esa maniobra -según consta ante la Justicia- fue Maximiliano Teta -empleado y apoderado del anciano-, quien no solo liquidó los inmuebles, sino también luego del fallecimiento del empresario, habría hecho que un hombre se presentara como un hijo extramatrimonial del muerto, con el fin de cubrir sus crímenes y de despojar de sus derechos a los legítimos herederos de Vázquez.
A lo largo de los últimos 10 años, tanto la Justicia Civil -expedientes a cargo del Juez Roberto Jorge Forzati- como la Penal -investigación a cargo del Fiscal Jorge Rolando Grieco- actúa de un modo "lento y contradictorio", según definieron fuentes vinculadas con el caso.
Los hechos
Luis Vázquez era un hombre con muchos bienes, entre ellos una inmobiliaria y 34 propiedades ubicadas en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte.
El 13 de julio de 2016 sufrió un ACV que lo dejó en un estado de incapacidad absoluta: intubado, en coma, sin capacidad de respirar por sí mismo, mucho menos de tomar decisiones respecto de su patrimonio.
Pocos días después, su empleado y hombre de confianza, Maximiliano Teta, se habría aprovechado de un poder general de administración y disposición que Vázquez le había otorgado en el año 2009 y comenzó a usarlo pese a que no tenía validez debido a que la incapacidad de Luis Vázquez hizo caer cualquier poder que éste hubiera otorgado porque así establece el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1.329, inciso e: “El contrato de mandato se extingue: … e) por la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario”.
En menos de dos meses, entre julio y septiembre de 2016, mientras Vázquez se debatía entre la vida y la muerte, y estaba inconsciente, Teta firmó las escrituras de venta de 34 propiedades.
Maximiliano Teta
Según fuentes vinculadas con el caso, la maniobra fue realizada por "una organización criminal con roles definidos: un jefe, un escribano cómplice, una abogada que obtuvo inmuebles como ´pago´ y decenas de testaferros de Teta que intentaron justificar las operaciones con boletos sin fecha cierta, sin firmas certificadas, con precios irrisorios, con partidas inmobiliarias equívocas y/o con matrículas inexistentes".
El abogado patrocinante de los herederos de Vázquez, Juan Caimi, aseguró a Popular que "otro elemento clave (en la presunta estafa) es la participación reiterada de un mismo escribano, Andrés Ringuelet, quien intervino en todas las operaciones. Según consta en el expediente, fue designado por el supuesto vendedor —una práctica poco habitual— y autorizó las escrituras bajo condiciones prácticamente idénticas, sin dejar constancia del pago efectivo del dinero". concluyò.
El letrado, también manifestó que "las irregularidades no terminan allí. En muchos casos, los compradores carecían de capacidad económica para afrontar las adquisiciones: había beneficiarios de planes sociales y trabajadores con ingresos modestos. Además, las operaciones se habrían respaldado con boletos de compraventa sin fecha cierta, sin certificación de firmas y con inconsistencias graves, como matrículas inexistentes o datos erróneos".
Además, Caimi indicó que "uno de los indicios más contundentes de la presunta maniobra surge de lo ocurrido después de las ventas. En numerosos casos, los nuevos titulares otorgaron, casi de inmediato, poderes amplios e irrevocables a favor del propio Teta para administrar o incluso vender los inmuebles adquiridos. Para los investigadores, esta secuencia resulta incompatible con una operación real: nadie compra una propiedad para luego cederle su control total al vendedor".
El abogado también explicó que "en el marco de los procesos civiles iniciados posteriormente, algunos de los involucrados reconocieron haber actuado como testaferros. El propio Teta, al responder demandas, admitió que estaba al tanto del estado de salud de Vázquez y sostuvo que actuó siguiendo indicaciones de la concubina del empresario, sin recibir instrucciones directas del titular de los bienes".
14 expedientes judiciales
La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, en un dictamen del 28 de marzo de 2023, señaló que hasta 2016 el uso del poder había sido prácticamente inexistente y que los inmuebles no estaban en venta ni habían recibido ofertas previas. Para el organismo, los elementos reunidos permiten considerar que las operaciones fueron simuladas o fraudulentas.
A partir de estas transacciones, se iniciaron al menos 14 expedientes judiciales en los que se solicita la nulidad de las escrituras. En esos procesos, los demandados aportaron documentación que, según la Procuración, "presenta características apócrifas, incluyendo supuestos antecedentes de compraventa de hasta dos décadas de antigüedad que nunca fueron mencionados en las escrituras cuestionadas".
La causa penal
La causa penal IPP 985/2021 se encuentra en trámite ante la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Rolando Grieco.
Los herederos de Vázquez denunciaron las maniobras llevadas adelante por Maximiliano Teta, el escribano Ringuelet y los familiares y amigos de Teta, el supuesto y falso hijo Alegre y varias personas que colaboraron en el intento que tuvo como fin -aseguran- quedarse con la herencia de Luis Vázquez.
"De este modo .indicaron-, falsificaron escrituras y se adjudicaron más de 30 propiedades de Vázquez mientras éste se encontraba inconsciente, utilizando un poder general que le había otorgado a Teta".
Según la querella -a cargo del letrado Juan Caimi- "los esporádicos avances de la fiscalía y la justicia civil se corresponden con la visibilización del tema en los medios, lo que llevó al Sr. Fiscal a citar a indagatoria a todos los miembros de la asociación en dos oportunidades, la última el 21 de abril de este año, pero ambas fueron suspendidas sin ningún fundamento lógico".
"Lo llamativo -agregó Caimi- es que al momento de firmar los llamados a indagatoria, el magistrado decidió no citarlos por el delito de asociación ilícita, manteniéndoles únicamente la carátula de ´administración fraudulenta`, un delito que es excarcelable. Esto lo hizo desoyendo las disposiciones de su superior, ignorando los múltiples dictámenes de su propio jefe, el procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien había exigido investigar a la banda bajo la figura penal más grave, es decir la asociación ilícita".
Y concluyó: " Por si esto fuera poco, cuando los medios dejaron de publicar la noticia, el fiscal deshizo sus propios actos y suspendió -en más de una oportunidad- el llamado a indagatoria. Siendo concretos: llamado a indagatoria del 14 de julio del 2022, suspendido el 14 de septiembre del mismo año; llamado a indagatoria el 21 de abril del 2026, suspendido el 3 de junio del 2026".
Los herederos piden Justicia
Luis Vázquez falleció el 28 de agosto de 2017. Para entonces, gran parte de su patrimonio ya había sido transferido. Cuando sus herederos iniciaron la sucesión, se encontraron con un escenario complejo: los bienes ya no figuraban a nombre del causante y su recuperación dependía de largos procesos judiciales.
El caso expone, según fuentes judiciales, un esquema organizado con roles definidos: un ejecutor principal, profesionales intervinientes y una red de personas utilizadas para dar apariencia legal a operaciones que hoy están bajo sospecha.
"A comienzo de junio pasado, uno de los expedientes civiles -que busca demostrar el presunto engaño pergeñado del falso hijo Alegre) se encuentra en la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala 3, encaminada a dictar una resolución adversa a los herederos basándose en un artilugio falso sobre la firma de los clientes, consolidando así el millonario despojo patrimonial", explicó Caimi.
Mientras avanzan las causas civiles y se analizan posibles responsabilidades penales, la investigación busca determinar si se trató de un plan deliberado para desapoderar a una persona en situación de extrema vulnerabilidad o de una sucesión de irregularidades que confluyeron en un mismo resultado.
Ya pasaron 10 años sin Justicia.
Nota: Todos los acusados en este informe deben ser considerados inocentes hasta tanto la Justicia dicte un fallo condenatorio definitivo.
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