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Adrián González Charvay, a cargo de la causa, libró 30 órdenes de presentación a entidades públicas y privadas en la investigación por lavado de activos.
Se produjo un giro en la causa por la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA luego que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay ordene pericias y libre 30 órdenes de presentación a entidades públicas y privadas.
El caso surgiò en el marco de una investigación por lavado de activos por la compra una vivienda, valuada en 17 millones de dólares.
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La causa -que investiga a Luciano Pantano y Ana Conte como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA- está a cargo del juez González Charvay tras haber sido iniciada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, tras una definición de la Cámara Federal de San Martín.
En este contexto, el juez de Campana emitió cuatro oficios y 30 órdenes de presentación con diferentes requerimientos a distintas entidades públicas y privadas.
Mientras que el magistrado solicitó tres estudios periciales a otras entidades y organismos especializados. También dio intervención a ocho dependencias policiales en la investigación.
El juez de Campana recibió el caso durante la feria judicial y ya empezó a ordenar medidas tendientes a continuar las averiguaciones que recibió de los jueces Marcelo Aguinsky y Daniel Rafecas, quienes habían investigado primero.
El juzgado de Campana reclamó la causa al argumentar que el objeto principal de la investigación es un inmueble de gran valor ubicado en la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar. Según la denuncia, en ese predio existirían autos de colección y un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto, además de instalaciones deportivas múltiples.
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Por su parte, el Juzgado en lo Penal Económico se oponía a la inhibitoria bajo el argumento de que el "núcleo esencial" de las conductas se vinculaba con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo domicilio legal histórico es en CABA, y que el presunto delito precedente sería una administración fraudulenta en perjuicio de dicha entidad.
Para resolver el traspaso de la causa a la jurisdicción bonaerense, la Cámara Federal de San Martín tuvo en cuenta dos factores. Por un lado, el tribunal señaló que el punto determinante del presunto lavado de activos habría ocurrido en Pilar, donde se habrían utilizado fondos ilegales para la adquisición del inmueble y el mantenimiento de los bienes de lujo.
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