Familiares de las víctimas del incendio en la Comisaría N° 3 de Transradio, se movilizaron al Polo Judicial echeverriano para exigir que se acelere la investigación y se condene a los responsables.

“Justicia por 10” fue el reclamo que volvieron a levantar este lunes los familiares de las víctimas de la denominada Masacre de Transradio, al movilizarse al Polo Judicial de Esteban Echeverría para exigir avances en la investigación y determinar las responsabilidades.

Al cumplirse cinco meses del incendio en la Comisaría 3ª esa localidad echeverriana, que con 10 muertos terminó convirtiéndose en la peor tragedia de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, las familias fueron atendidas por el fiscal a cargo de la investigación (UFI M° 4 Descentralizada), Fernando Semisa, quien se comprometió a profundizar las tareas para esclarecer el caso.

Cabe recordar que el 15 de noviembre pasado se produjo un incendio en la zona de calabozos donde estaban detenidas 26 personas en condiciones de hacinamiento, aunque en un primer momento se aludió a que se había originado en un presunto motín.

A consecuencia de esto, murieron Jeremías Rodríguez (19), Elías Soto (20), Walter Barrios (21), Carlos Ariel Corvera (25), Jorge Ramírez (30), Miguel Ángel Sánchez (31), Juan Carlos Fernández (31), Juan Lavarda (59), Eduardo Ocampo (60) y Fernando Arguello (33).

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que asesora legalmente a las víctimas, se volvió a reclamar que se investigue no sólo a los policías implicados sino también a los funcionarios provinciales responsables de que la comisaría siguiera recibiendo detenidos si tenía siete órdenes de clausura que inhabilitaba el uso de los calabozos.

Por esta causa, caratulada como “averiguación de causales de muerte”, fueron desafectados de sus funciones el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco, quienes se desempeñaban en la dependencia policial cuando se desató la tragedia.

La salud en las cárceles

En ese marco, la CPM presentó su informe “La salud en las cárceles bonaerenses” en el que se afirma “la tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro”, la que trasciende las agresiones físicas e incluye dimensiones como la psicológica, las condiciones estructurales, el régimen de vida y las cuestiones disciplinarias.

El mismo se basa en un relevamiento realizado por este organismo junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

“Los datos de este informe –que puede descargarse de https://bit.ly /2V3PEUre – permiten conceptualizar con exhaustividad los distintos aspectos del problema; al mismo tiempo que devienen en un insumo fundamental para posteriores análisis y la intervención a favor del derecho a la salud”, aseguraron.

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