Unas 300 familias del barrio Policial de Ministro Rivadavia están padeciendo “restricciones” en el servicio de agua potable a cargo de la empresa estatal AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) y deben convivir con los fuerte olores nauseabundos y la contaminación que emana de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la firma ABSA (Aguas Bonaerenses). Por este motivo, el Foro Hídrico de Almirante Brown reclamó la intervención de las autoridades nacionales, provinciales y municipales para “garantizar” el derecho al agua y a una vida digna de estas personas. Además, exigió que se contrate a un equipo técnico imparcial para que verifique el correcto funcionamiento de esta planta de ABSA, tanto en este barrio como en Don Orione. Juan Vegué, miembro del Foro, explicó que dicha solicitud se sustenta en “las similares características de abandono y olores nauseabundos en ambos barrios y argumentados en antecedentes de esta empresa, en la localidad de 9 de Julio”. La entidad mantuvo un encuentro con los vecinos del barrio aledaño al Polideportivo municipal, donde el gobierno local desarrolla sus principales eventos, como la entrega de los Olimpia, debido a las “condiciones de vida inhumanas”, hecho por el que responsabilizaron a ambas empresas.
Responsabilidades
Según comentaron en el encuentro, en ambas empresas tienen responsabilidades compartidas ya que en el mismo terreno donde se encuentra la planta de tratamientos de líquidos cloacales, a cargo de ABSA, existe un tanque y una cisterna comunitarios de distribución de agua potable para el barrio. Los usuarios se quejaron por el servicio “limitado” de entre de agua potable, que los deja sin agua durante varios días, como también por la contaminación ambiental, ya sea por los olores nauseabundos los tratamientos “incompletos” de los líquidos cloacales. “No sólo que no nos dan el agua potable sino que además contaminan el ambiente y el hábitat con olores y tratamientos incompletos de líquidos cloacales”, comentó un referente. A pesar de las irregularidades, las facturas que envía AySA deben pagarse “religiosamente” todos los meses, ya que de lo contrario se les corta el servicio.
Sospechas
Algunos vecinos adjudicaron la falta de agua a su cercanía con la empresa La Serenísima. Sospechan que, al compartir la misma red de agua, “manos anónimas” cierran las exclusas para priorizar el abastecimiento de la fábrica por sobre el Barrio Policial. “Todos tenemos idéntico derecho de acceso al agua, así que si fuera el caso deberían ampliar la cantidad de perforaciones o capacidad de la planta potabilizadora, pero jamás dejar a las familias del Policial sin agua y menos aun en tiempos de alerta roja”, enfatizaron desde el Foro Hídrico. La entidad exigió respuestas a los gobiernos nacional y provincial, ya que de ellos dependen las empresas mencionadas, para poner fin a los padecimientos de estas 300 familias y efectivos policiales.
Responsabilidades
Según comentaron en el encuentro, en ambas empresas tienen responsabilidades compartidas ya que en el mismo terreno donde se encuentra la planta de tratamientos de líquidos cloacales, a cargo de ABSA, existe un tanque y una cisterna comunitarios de distribución de agua potable para el barrio. Los usuarios se quejaron por el servicio “limitado” de entre de agua potable, que los deja sin agua durante varios días, como también por la contaminación ambiental, ya sea por los olores nauseabundos los tratamientos “incompletos” de los líquidos cloacales. “No sólo que no nos dan el agua potable sino que además contaminan el ambiente y el hábitat con olores y tratamientos incompletos de líquidos cloacales”, comentó un referente. A pesar de las irregularidades, las facturas que envía AySA deben pagarse “religiosamente” todos los meses, ya que de lo contrario se les corta el servicio.
Sospechas
Algunos vecinos adjudicaron la falta de agua a su cercanía con la empresa La Serenísima. Sospechan que, al compartir la misma red de agua, “manos anónimas” cierran las exclusas para priorizar el abastecimiento de la fábrica por sobre el Barrio Policial. “Todos tenemos idéntico derecho de acceso al agua, así que si fuera el caso deberían ampliar la cantidad de perforaciones o capacidad de la planta potabilizadora, pero jamás dejar a las familias del Policial sin agua y menos aun en tiempos de alerta roja”, enfatizaron desde el Foro Hídrico. La entidad exigió respuestas a los gobiernos nacional y provincial, ya que de ellos dependen las empresas mencionadas, para poner fin a los padecimientos de estas 300 familias y efectivos policiales.
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