El juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó a la empresa Covelia SA, investigada en Suiza , la “inmediata paralización” de las obras que realiza en la laguna Santa Catalina, donde según denunciaron ambientalistas de Lomas de Zamora se concretaban tareas de relleno y se construyeron canales de drenajes que afectaban este humedal y su rica biodiversidad, que se pretende proteger mediante un proyecto de Reserva Natural Provincial. El magistrado dictó la medida en el marco de la causa por la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo y en respuesta a la demanda presentada el 17 de junio por la Asociación Civil Organización Ambiental Pilmayqueñ, por la falta de un plan de ordenamiento territorial para realizar las tareas que lleva a cabo, informaron fuentes judiciales. Cabe recordar que la empresa fue denunciada por la asociación civil por realizar “obras y actividades de remoción de suelo con maquinarias, vuelco de suelo mezclado con demoliciones y basura tapando superficie de la laguna, presuntamente con la intención de conformar el terraplén para una calle que comunique directamente con la Ruta 4”.
Fundamentos
El juez Armella explicó que la zona “alberga una notable biodiversidad, posee formaciones boscosas autóctonas e implantadas” y “es un sitio de escala y anidaje de aves migratorias y posee atributos suficientes que lo llevarían a ser declarado Reserva Natural”. Así, ordenó no sólo la paralización de toda obra, sino también “la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo del mismo; como asimismo no permitir el ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y/o material constructivo al predio citado”. También ordenó al gobierno de Lomas y a cualquier organismo estatal abstenerse “de dictar actos administrativos que impliquen la posibilidad de habilitar o permitir obras o construcciones que alteren el predio de Santa Catalina”, y pidió que ACUMAR y la provincia de Buenos Aires brinden recursos para “garantizar el cese del daño ambiental sobre el ecosistema”.
Fundamentos
El juez Armella explicó que la zona “alberga una notable biodiversidad, posee formaciones boscosas autóctonas e implantadas” y “es un sitio de escala y anidaje de aves migratorias y posee atributos suficientes que lo llevarían a ser declarado Reserva Natural”. Así, ordenó no sólo la paralización de toda obra, sino también “la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo del mismo; como asimismo no permitir el ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y/o material constructivo al predio citado”. También ordenó al gobierno de Lomas y a cualquier organismo estatal abstenerse “de dictar actos administrativos que impliquen la posibilidad de habilitar o permitir obras o construcciones que alteren el predio de Santa Catalina”, y pidió que ACUMAR y la provincia de Buenos Aires brinden recursos para “garantizar el cese del daño ambiental sobre el ecosistema”.
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