Villa Albertina, una localidad de Lomas de Zamora donde viven más de 75 mil personas de manera precaria, casi sin servicios públicos y con una creciente preocupación por el avance de las drogas y la delincuencia, comenzó a recibir este jueves los certificados de vivienda familiar con los que se busca comenzar a regularizar dominialmente el lugar.
Estos documentos, que la Jefatura de Gabinete de la Nación entrega a través de la ANSES, permitirán acreditar domicilio y serán válidos para presentar ante cualquier autoridad pública o empresa privada para solicitar la instalación de servicios, pedir el CUIL o prestaciones de salud, previsionales y educativas.
La sede que el organismo previsional tiene en el lugar desde hace seis años y donde atiende entre 800 y 1.000 personas por día, tiene a su cargo la entrega de los diplomas.
“Nadie tiene títulos”
“Acá casi nadie tiene título de propiedad, hubo muchos planes de entrega, pero nunca pasó nada”, reconoció Antonio, un albañil de 55 años que se quejó de la precariedad del barrio porque “cada vez que llueve se inunda todo” y de la falta de trabajo.
“El principal problema, como en todos lados, es que hay mucha droga y la inseguridad”, acota Florencio, un jubilado del barrio constituido hace 40 años y que ocupa 340 manzanas.
La parte más precaria del lugar es una zona de 12 cuadras que se llama “La Chanchería”, donde están los asentamientos más pobres que se instalaron hace casi una década.
Las autoridades locales calculan que alrededor del 46% del barrio tiene asfalto, pero el gran problema son las inundaciones, a causa de los desbordes del Arroyo del Rey, que se aseguran se encuentra lleno de basura.
Muchos vecinos se encuentran “colgados” de la luz, mientras que la empresa AySA brinda el servicio de agua mediante cooperativas que contrata. El gas se obtiene con garrafa y no hay cloacas.
Delitos y drogas
Sonia, una mujer de 36 años que atiende el almacén familiar, afirmó que “no hay policías, hay mucha inseguridad y problemas con drogas”.
Algunos vecinos poseen una especie de titulo de propiedad devenido de la llamada “Ley Pierri”, un procedimiento de regularización dominial que se hizo en 1994 y acreditaban posesión durante tres años de un inmueble urbano con un “causa lícita” para su ocupación. “Nos vienen bien estos certificados, tenemos que darle solución a las familias. Sin el papel nunca estás tranquilo. Hay gente que invirtió toda su vida acá y hay que darle tranquilidad”, aseveró el delegado municipal, Julio César Canales.
comentar