Operativo de control de documentación en Lomas de Zamora

Según informaron fuentes oficiales, durante la jornada se relevaron a más de 1.300 personas. El procedimiento, documentado en registros audiovisuales difundidos por la cartera de Seguridad, consistió en la interceptación de transeúntes y pasajeros de transporte público para la verificación de documentación y antecedentes a través de dispositivos móviles conectados a bases de datos nacionales.

En ese marco, la Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo de la PFA, detuvieron a seis personas por el delito de "falta de documentación", aunque en algunos casos también tenían antecedentes penales, según informaron. Desde el Ministerio de Seguridad, el mensaje fue contundente respecto a la directiva que rige estos operativos: "Las reglas son claras: extranjero que esté de manera irregular, ilegal o que delinca, lo expulsamos".

Esa política busca vincular el ordenamiento migratorio con la prevención del delito, instando además a la población a utilizar la línea 134 para denunciar de forma anónima situaciones de irregularidad o delitos cometidos por extranjeros. El operativo en la Avenida Olimpo se suma a una serie de acciones de "saturación" que el Gobierno viene replicando en distintos puntos del Conurbano, bajo la premisa de que un mayor control migratorio se traduce en una baja del índice delictivo.

El operativo fue cuestionado por las autoridades de la seccional Lomas de Zamora del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) , calificándolo como "acto de persecución y estigmatización" hacia la comunidad inmigrante que habita el distrito. Agregaron que esas políticas "vulneran derechos humanos fundamentales" y promueven un clima de odio y división en los barrios. "Nuestras escuelas son espacios de integración, donde recibimos a familias de todas las nacionalidades que vienen a trabajar y estudiar. Repudiamos estos operativos que solo buscan criminalizar la migración", manifestaron desde la seccional lomense.

En ese sentido cuestionaron que en dicho procedimiento "se solicitó documentación y se tomaron huellas dactilares a niños, niñas y adolescentes al salir de las escuelas de la zona. Este accionar constituye una grave vulneración de derechos, no sólo por tratarse de menores de edad, sino también por el carácter intimidatorio y discriminatorio del operativo".

"Estudiantes de entre 12 y 18 años fueron interceptados en la vía pública, obligados a acreditar su identidad y sometidos a la toma de huellas dactilares, situación que generó angustia, temor y exposición innecesaria", precisaron, sin dejar de exigir "el inmediato cese de este tipo de prácticas, así como la intervención urgente de los organismos de control y protección de derechos".

El contraste de visiones pone de manifiesto la tensión social en torno a la seguridad y la migración. Mientras las autoridades federales aseguran que esos controles son pedidos por los propios vecinos para combatir la inseguridad, las organizaciones gremiales y de derechos humanos advierten sobre el riesgo de incurrir en prácticas discriminatorias que afecten a trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad administrativa.

Por el momento, el Gobierno ha confirmado que los operativos continuarán con la misma intensidad, mientras que diversos sectores sociales de Lomas de Zamora evalúan realizar jornadas de visibilización en defensa de la ley de migraciones vigente y el derecho a la libre circulación.