En la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, hicieron hincapié sobre las dificultades para controlar el saneamiento del Riachuelo. “Prácticamente todos los plazos que la sentencia fijó están vencidos. Hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los programas”, sostuvo Sella. El defensor agregó que en el desplazamiento a nuevas viviendas de la gente que vive en las orillas del Riachuelo se “deben garantizar los derechos humanos de las personas”, quienes “no pueden ir a lugares peores de donde están”. Despouy, finalmente, sostuvo que sólo se pudo auditar una mínima parte de los programas de saneamiento.
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