La sanción por prácticas anticompetitivas fortalece los reclamos de empresas tecnológicas que buscan indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
La multa de 890 millones de euros que la Unión Europea impuso a Google por infringir la Ley de Mercados Digitales (DMA) comenzó a tener un efecto inmediato más allá de la sanción económica. Empresas tecnológicas de distintos países europeos consideran que la resolución de Bruselas refuerza sus reclamos judiciales y abre la puerta a nuevas demandas millonarias por daños derivados de las prácticas de la compañía.
La Comisión Europea concluyó que Google continuó favoreciendo sus propios servicios en los resultados de búsqueda, como compras, hoteles, transporte y deportes, en detrimento de sus competidores. Además, determinó que la empresa limitó la posibilidad de que los desarrolladores de aplicaciones dirigieran a los usuarios de Google Play hacia métodos de pago alternativos con menores costos.
La sanción, la primera aplicada bajo la Ley de Mercados Digitales, representa un nuevo capítulo en la ofensiva regulatoria de Bruselas contra las grandes plataformas tecnológicas. Para las autoridades europeas, estas prácticas distorsionaron la competencia y redujeron la variedad de opciones disponibles para los consumidores.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, sostuvo que los productos deben imponerse por sus méritos y no por el hecho de pertenecer a la empresa que controla el principal motor de búsqueda del mundo. Esa postura es uno de los pilares de la normativa con la que la Unión Europea busca limitar el poder de las grandes plataformas digitales.
Google rechazó las conclusiones de Bruselas. El presidente de Asuntos Globales de la compañía, Kent Walker, afirmó que la decisión obliga a eliminar funciones valoradas por los usuarios, como los precios en tiempo real y la disponibilidad de hoteles o vuelos, y aseguró que las exigencias regulatorias terminan perjudicando la experiencia del producto.
Mientras continúa el debate regulatorio, varias empresas ya obtuvieron compensaciones económicas en distintos tribunales europeos. En Alemania, un tribunal de Berlín concedió 465 millones de euros al comparador de precios Idealo, aunque la empresa había reclamado 3.300 millones. En el mismo proceso, Producto GmbH, propietaria de Testberichte.de, recibió una indemnización cercana a los 107 millones de euros.
Las acciones judiciales también avanzan en otros países. En Italia, la empresa 7Pixel, perteneciente al grupo Moltiply, presentó una demanda por 2.970 millones de euros en representación del comparador Trovaprezzi.it. En Suecia, PriceRunner, propiedad de Klarna, obtuvo una indemnización cercana a los 1.700 millones de euros tras un fallo emitido por un tribunal de Estocolmo.
La mayoría de estos casos se apoyaban en la resolución conocida como Google Shopping, mediante la cual la Comisión Europea determinó en 2017 que la compañía había abusado de su posición dominante al priorizar sus propios servicios. Esa decisión permitió que los demandantes solo tuvieran que demostrar el alcance del perjuicio económico sufrido, sin volver a probar la existencia de la infracción.
La nueva multa cambia ese escenario porque acredita que las conductas cuestionadas continuaron años después de las modificaciones implementadas por Google tras la sanción de 2017. Esto debilita uno de los principales argumentos de defensa de la empresa, que sostenía que los cambios realizados habían corregido el problema y limitado los daños a un período determinado.
Además de reforzar las demandas en curso, la resolución de Bruselas podría ampliar el período por el cual las compañías reclamen indemnizaciones. Al reconocer que las prácticas anticompetitivas persistieron durante más tiempo, la decisión de la Unión Europea podría dar lugar a nuevos litigios y a reclamos económicos de mayor magnitud contra Google en distintos países del bloque.
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