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Política
25 | 11 | 2015
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La Corte Suprema declaró inconstitucional recorte de coparticipación

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El máximo tribunal anuló por mayoría de votos el decreto del 2001 y obligó así al Gobierno a devolverle a las provincias los montos adeudados.

La Corte Suprema declaró inconstitucional recorte de coparticipación
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La Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso de la Nación y pidió un nuevo régimen que deberá encarar el gobierno entrante de Mauricio Macri, que debería desembolsar unos $ 80.000 millones adicionales el año próximo.

Además, prohibió al Ejecutivo reducir el monto de fondos coparticipables y pide el dictado de un nuevo régimen de reparto, lo que queda pendiente en vistas de la asunción del próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.

La decisión contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo en declaraciones a NA que se trata del "fallo más importante" que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.

Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó en cerca de $ 80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte, si se contabilizan unos $ 19.800 millones en términos históricos correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $ 35.000 millones para cada distrito, más otros $ 10.000 millones para San Luis, indicó Barraud a Infobae.

El fallo determinó la inconstitucionalidad de los artículos 1 inciso "a" y 4 del decreto 1399/01 del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social.

Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP. En los casos de San Luis y Santa Fe, la Corte consideró que esos fondos eran coparticipables, y en consecuencia que debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias por aplicación de ese decreto.

Los jueces argumentaron que la deducción fue dispuesta por el Ejecutivo para financiar la operatoria de la AFIP sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias que ahora reclaman, y que lo hizo sin autorización del Congreso Nacional.

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