Con minoría en ambas cámaras, el gobierno debió destinar sus mayores esfuerzos para hacer pie en el Congreso durante todo 2016. El resultado fue bastante positivo, aunque alternó éxitos y traspiés.

El Congreso fue tal vez el escenario que más esfuerzo le demandó a lo largo del año al gobierno de Cambiemos. Algo que hubiera sido impensado para cualquier administración, a juzgar por el bajo peso específico que había alcanzado el Parlamento en los últimos años, hegemonía de las mayorías mediante. Pero la experiencia del primer gobierno democrático que debió manejarse siendo minoría en ambas cámaras bien valía la expectativa por lo que allí fuera a ocurrir.

Los resultados y el manejo de la administración macrista en ese ámbito tan diverso compensaron con creces el interés creado. De punta a punta.

A la hora de hacer un balance, se puede mirar la mitad del vaso vacío, o la mitad llena en materia legislativa. En esta última instancia, todo el mundo resalta el nivel de hiperactividad que tuvo este Congreso y el número de leyes aprobadas. Lo cual es relativo, porque si bien la cantidad de sesiones del año que acaba de concluir más que duplicó a las del año anterior -45 en ambas cámaras, contra 22-, también es cierto que en los años electorales, como fue 2015, la actividad legislativa decrece sustancialmente. Si comparamos en cambio con 2014, encontraremos que en 2016 hubo dos reuniones menos en Diputados. En el Senado, en cambio, sí hubo más actividad este último año que en 2014: 21 reuniones contra 16.

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En materia de leyes, eso sí, las aprobadas el último año (98) fueron menos que en 2015 (125). Y un detalle no menor a la hora de analizar la eficacia del oficialismo: apenas 24 de las 98 leyes aprobadas fueron pedidas por el Poder Ejecutivo. Y de hecho, el 82% de las leyes sancionadas fueron elaboradas por la oposición. Lo que habla de un Congreso pluralista, pero no de un oficialismo exitoso.

Un último dato cuantitativo tiene que ver con el último tramo del período legislativo, dedicado a las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo envió 23 proyectos, de los cuales solo fueron aprobados tres, dos a instancias de la oposición -Emergencia Social y Ganancias- y el restante, que endurece las penas para delitos viales, por presión de familiares de las víctimas.

Si volvemos a mirar la parte del vaso lleno, hay que reparar en una constitución de la Cámara baja que mostraba a principios de año al kirchnerismo claramente instalado como primera minoría, con un centenar de representantes, casi veinte más que el interbloque Cambiemos. La situación logró revertirse en el verano cuando alumbraron disidencias en el seno del ex oficialismo, del que emigraron 17 diputados que formaron el bloque Justicialista, cuyas caras visibles son su presidente, Oscar Romero, y el ex titular de la ANSeS Diego Bossio. La importancia de esa escisión no fue solamente la disminución que representó en el Frente para la Victoria, sino el hecho de sumarlos a la bancada massista para recrear un sector dialoguista que le permitió al oficialismo avanzar con las leyes.

Un oficialismo que había arrancado con mal pie, a instancias del propio Presidente que trató de imponer por decreto a dos postulantes para completar la Corte Suprema de Justicia. Un pecado original del que logró redimirse cuando reconsideró su postura inicial y se avino a transitar las instancias legales correspondientes. Le llevó meses al gobierno lograr la absolución por esa culpa, pero finalmente consiguió los dos tercios para ambos magistrados.

Esa pelea se dirimió estrictamente en el Senado, donde Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti necesitaban una amplia aprobación que parecía en principio muy dificultosa por endilgárseles a ambos haber accedido originalmente a una designación "en comisión". Y era ese cuerpo el lugar que más adverso se le presentaba al gobierno, que encontró en los gobernadores los socios adecuados para garantizar los votos necesarios, pero sobre todo a Miguel Angel Pichetto como el interlocutor válido para imponer racionalidad en el sector mayoritario del cuerpo. El rionegrino, que al perder las elecciones para gobernador en 2015 creyó haber llegado al epílogo de su carrera política, se constituyó con el peronismo fuera del poder en la instancia institucional más encumbrada del justicialismo.

Dueño en consecuencia de las llaves de todos los proyectos, Pichetto encontró la primera resistencia en su bancada bien temprano, cuando una docena de senadores del PJ-FpV buscaron desautorizar a través de un comunicado su postura frente a los despidos dispuestos por Gabriela Michetti en la Cámara alta. Sin embargo pudo sortear esa dificultad y supo lidiar a lo largo del año con el núcleo duro kirchnerista que le opuso resistencia; y a diferencia de Diputados, terminó el año sin fractura. Con dificultades serias por posturas extremas que se profundizaron con el último debate por Ganancias, pero sin que la sangre llegara al río.

Cambiemos tuvo su primera prueba de carácter en el debate por el pago a los holdouts, saldado con mayorías abrumadoras en ambas cámaras. Allí quedó patentizado que la influencia de los gobernadores peronistas quedaba limitada al Senado, pero al gobierno con eso le alcanzaba.

Aunque el primer traspié llegó pronto, entre abril y mayo, cuando la oposición logró imponer su proyecto de ley antidespidos. La táctica empleada -que sería replicada meses después con la ley de emergencia económica- consistió en presentar proyectos similares en ambas cámaras: una acción de pinzas que avanzó finalmente por el Senado y que en Diputados mereció una jugada audaz de Cambiemos que con su abstención permitió que se convirtiera en ley ese y no otro auspiciado por el massismo, más oneroso aún. Fue la primera diferencia notoria del gobierno con un socio como Sergio Massa, valioso pero que siempre le resultó costoso e inestable. Con todo, la sacó barata el Ejecutivo, cuyo veto no encontró mayores resistencias.

El mal trago fue rápidamente superado con la Ley de Reparación Histórica para los Jubilados, que incluía en su seno un blanqueo de capitales. También se aprobó con amplitud.


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Para el segundo semestre quedaron iniciativas como la reforma electoral, demorada demasiado tiempo en Diputados y que cuando avanzó lo hizo con la paridad de género adosada. Pero en el Senado finalmente naufragó; ahí las promesas de los gobernadores no fueron refrendadas por hechos concretos y fue una de las grandes frustraciones legislativas de Cambiemos.

Otra fue el fracaso de la reforma del Ministerio Público, abortada en este caso por fuego amigo. Cuando estaban los votos garantizados para la aprobación de un proyecto que limitaba el poder de Alejandra Gils Carbó, a quien se le ponía fecha de vencimiento, la diputada Elisa Carrió le bajó el pulgar, argumentando su inconstitucionalidad. El gobierno no quiso contradecirla, varios legisladores se plegaron a su postura, y el massismo se desentendió del acuerdo. Y le pasó factura rápidamente, cuando se cayó la aprobación del proyecto de participación público privada en la obra pública, en lo que constituyó un traspié sonoro para el oficialismo, pero no tan grave, pues volvió a comisión y a la semana siguiente pudo ser aprobado. Pero el caso sirvió para demostrar la endeblez del entramado oficialista.

Presagiando lo que vendrá en este año electoral, las distancias entre el oficialismo y la oposición se fueron haciendo más pronunciadas. No lo suficiente como para obturar el Presupuesto, aprobado también con holgura -aunque con innumerables modificaciones-, pero sí con un tema que el oficialismo debió haber enviado junto a la ley de leyes: la reforma del Impuesto a las Ganancias. Prometida durante la campaña la eliminación del gravamen, el envío un proyecto modificatorio fue anunciado una y otra vez desde el mes de enero. Por lo menos 17 veces funcionarios del macrismo adelantaron el envío del proyecto, hasta dejar claro que no era intención del Ejecutivo su aprobación este año. Razón por la cual el massismo encontró el resquicio para hacer una movida con intenciones diversas: adueñarse de un proyecto caro al electorado que busca seducir; encolumnar tras de sí al resto de la oposición, y asestarle un duro golpe al gobierno con vistas al año electoral.

Por lo pronto, obligó al gobierno a avanzar detrás de la agenda que le habían marcado, e incluir en el paquete acordado la ley de emergencia social, que terminó convirtiéndose en ley cuando durante meses se le había augurado un destino de cajón, o bien de veto.

La resolución del tema Ganancias está bien fresca, y tuvo también su cara y cruz. Traspié sonoro para el gobierno en Diputados, con una oposición unida para doblegarlo, y la vuelta del diálogo y la búsqueda del consenso en el Senado, para su aprobación definitiva posterior en la Cámara baja.

De cara al año que se acaba de iniciar, el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, ya ha dejado claro lo que el oficialismo espera de este Congreso. "A partir de ahora comienza a politizarse, y nosotros vamos a jugar un esquema mucho más defensivo que ofensivo. Las leyes van a venir en muchos casos de la oposición, y habrá que negociarlas y en muchos casos resistir en minoría".

Las sesiones serán muchas menos y la predisposición del oficialismo a sesionar será inversamente proporcional a la de 2016. Y por lo tanto, el Parlamento tendrá, como entonces, toda la atención, como caja de resonancia que representa.

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