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Jorge Macri promulgó las leyes que crean el Servicio Penitenciario porteño y la Ejecución de la Pena.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, promulgó este viernes las leyes que crean el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Ejecución de la Pena, dos iniciativas sancionadas por la Legislatura en noviembre pasado que, según remarcan desde el Ejecutivo local, constituyen un paso clave en el camino hacia una mayor autonomía de CABA.
Las normas, identificadas como leyes 6.923 y 6.924, fueron publicadas en el Boletín Oficial con las firmas de Macri; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Hacienda, Gustavo Arengo. Ambas habían sido aprobadas en la última sesión ordinaria del año con 55 votos afirmativos y tres negativos del Frente de Izquierda, tras un extenso debate en comisiones.
La ley de creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social establece por primera vez un organismo penitenciario propio para la Ciudad. Se trata de un ente civil, especializado y jerarquizado, auxiliar del Poder Judicial y dependiente de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo la custodia, guarda y tratamiento de las personas privadas de la libertad, así como de quienes cumplen penas no privativas.
Uno de los ejes centrales de la normativa es el denominado “Plan de Vida”, que fija compromisos y objetivos acordados con las personas detenidas para facilitar su reincorporación social. El esquema contempla el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral y la vinculación social, con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, con el objetivo de reducir la reincidencia y la reiterancia delictiva.
La ley define además que el servicio penitenciario será dirigido íntegramente por personal civil y que su funcionamiento deberá basarse en el respeto de los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud, el deporte y la cultura. La actividad es considerada un servicio esencial del Estado, por lo que se deberá garantizar la continuidad de sus funciones, el orden y la seguridad institucional, así como la protección de las personas alojadas, del personal y de la sociedad.
La estructura del nuevo servicio estará integrada por una Dirección General (cuyo titular será designado por el jefe de Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia y tendrá un mandato de cinco años), una Subdirección General y tres direcciones específicas: Seguridad Penitenciaria; Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida; y Recursos Humanos y Bienestar Laboral.
En cuanto al personal, la normativa prevé dos cuerpos diferenciados: el Cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada dedicada a tareas de custodia y seguridad, y el Cuerpo de Agentes de Reintegración Social, integrado por profesionales y técnicos orientados al tratamiento progresivo, la educación, el trabajo, la salud mental y el acompañamiento social.
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En paralelo, la promulgación de la Ley de Ejecución de la Pena permite que la Ciudad asuma por primera vez esa competencia de manera plena. Desde el Gobierno porteño destacaron que la norma busca que la persona condenada comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre su reintegración social, al tiempo que incorpora el derecho de la víctima a la reparación.
El alcance de esta ley incluye a personas condenadas (privadas de la libertad o no) y a detenidos con prisión preventiva bajo la órbita de la justicia penal, contravencional y de faltas de CABA, así como al personal y a las personas alojadas en el nuevo servicio penitenciario.
La promulgación de ambas normas se da en el marco de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad para el traspaso a la órbita de Nación de las instalaciones que CABA construye en el predio de la cárcel federal de Marcos Paz. El objetivo es desalojar la cárcel de Villa Devoto y aliviar el sistema de detención porteño, actualmente sobrecargado.
Según cifras oficiales, a mediados de enero había 2.291 personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, muchas de ellas ya condenadas o procesadas. Una vez finalizadas las obras en Marcos Paz, el complejo tendrá capacidad para alojar a 2.240 presos. Desde el Ejecutivo porteño aseguran que esta ampliación permitirá descomprimir las dependencias policiales, ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad y fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario.