El Senasa eliminó requisitos provinciales y municipales para trámites agropecuarios

La medida tiene la intención de simplificar procesos, reducir la burocracia y avanzar en la desregulación del sector de agroalimentos, sin eximir a los operadores del cumplimiento de las normativas locales vigentes.

Fue formalizada a través de la Resolución N°233/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla la modificación y derogación de distintas normativas que exigían acreditar permisos locales para habilitaciones, registros y certificaciones.

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Los principales cambios

Entre los cambios destacados, se suprimen requisitos de habilitación local en gestiones relacionadas con el diagnóstico de anemia infecciosa equina, certificaciones sanitarias en establecimientos porcinos y tratamientos fitosanitarios de embalajes de madera.

La desregulación también alcanza a la habilitación de terminales de carga, establecimientos avícolas, predios feriales y registros de productos veterinarios, lo que impacta en distintos eslabones de la cadena productiva.

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También se introdujeron modificaciones específicas en algunos procedimientos. En el caso de los establecimientos porcinos, por ejemplo, se simplifican las exigencias al requerir únicamente la inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). Para las terminales de carga, en tanto, se estableció que deberán acreditar documentación vinculada al régimen aduanero, en lugar de habilitaciones locales.

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La Resolución forma parte en la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/2023, que promueve la eliminación de normativas consideradas redundantes.

Según argumenta el SENASA, la exigencia de habilitaciones municipales en trámites nacionales generaba duplicación de requisitos y complicaciones operativas debido a la diversidad de criterios entre jurisdicciones.

De todos modos, el organismo aclaró que la medida no exime a los operadores de cumplir con las normativas locales vigentes en materia de seguridad, salubridad y uso del suelo, que continúan bajo la órbita de provincias y municipios.