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La asociación Industriales Pymes Argentinos aseguró que los concursos preventivos crecieron más de un 130% y reclamó la aprobación de una ley para frenar el cierre de empresas.
La entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) encendió una fuerte señal de alarma sobre la situación del sector productivo al advertir que los concursos preventivos crecieron más de un 130% en el último año. Frente a este panorama, la organización reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional y exigió al Congreso el tratamiento inmediato de una ley de emergencia económica.
Desde IPA sostuvieron que la crisis atraviesa un punto crítico y que el cierre de empresas podría acelerarse en los próximos meses. El presidente de la entidad, Daniel Rosato, recordó que ya habían anticipado un escenario complejo para 2026.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil PyMEs, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”, afirmó.
En un comunicado oficial, la organización aseguró que los concursos preventivos crecieron un 131,71% en la Ciudad de Buenos Aires respecto de 2023 y advirtió que este año podría incluso superar los niveles registrados durante la pandemia.
IPA apuntó directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis Caputo, a quienes les reclamó medidas urgentes frente a la “crisis terminal” que, según remarcaron, atraviesan las pequeñas y medianas empresas.
El informe fue elaborado junto al Departamento de Legales de IPA, encabezado por Germán Pizzano, quien detalló que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas. Además, señalaron que más de 327 mil trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
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Según el relevamiento, durante 2025 se abrieron 190 concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires, contra 82 registrados en 2023. A eso se suma que, solo en el primer trimestre judicial de 2026, ya se iniciaron 92 procesos concursales.
Desde la entidad también advirtieron sobre un fuerte proceso de desinversión y remarcaron que varias multinacionales abandonaron el país, mientras que numerosas firmas locales comenzaron a reconvertirse en importadoras para sobrevivir al actual contexto económico.
IPA sostuvo que el deterioro productivo tiene además un fuerte impacto social y judicial, debido a la saturación de los tribunales comerciales y la pérdida de puestos de trabajo.
Frente a este escenario, la organización propuso avanzar con una nueva legislación de emergencia que contemple la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, la extensión de plazos concursales y mayores facilidades para que las empresas puedan acceder a mecanismos preventivos.
“El empresario PyME necesita tiempo para recuperar capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valioso es una legislación de emergencia”, sostuvo Pizzano.
Por último, IPA remarcó que cualquier medida transitoria deberá estar acompañada por una mejora de las condiciones macroeconómicas y una recuperación del mercado interno, el consumo y el salario real para evitar un colapso mayor del sector productivo.
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