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El dueño de la empresa fiambrera está siendo investigado por la supuesta utilización de facturas apócrifas para percibir millonarios reintegros por exportaciones
La Justicia argentina dictó el procesamiento del empresario fiambrero Nicolás Paladini, en una causa en la que se investiga la utilización de facturas apócrifas para percibir millonarios reintegros por exportaciones.
El marido de la modelo Rocío Guirao Díaz fue procesado en su calidad de presidente de la empresa BioCom S.A., por la presunta comisión del delito de "aprovechamiento indebido de tributos", embargado por un millón de pesos, y se dispuso sobre él la inhibición general de sus bienes.
La decisión corrió a cuenta de la Justicia de primera instancia, luego de un pedido elevado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario tras una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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La AFIP inició acciones contra la empresa BioCom S.A. por considerar que la misma percibió indebidamente 1.800.000 pesos en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.
De acuerdo a la documentación presentada con la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.
A raíz de una investigación llevada a cabo por la AFIP en los últimos años, se concluyó que estas firmas no contaban con capacidad operativa para realizar esas operaciones ni con personal registrado en relación de dependencia, como tampoco con bienes de uso a su nombre.
De esta manera, el Juzgado Federal N 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, procesó a Nicolás Paladini luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado. El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años.
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