Fútbol
Los veedores, tras analizar los documentos relacionados con los ingresos de televisión de la casa mayor del fútbol argentino, remarcaron la falta de transparencia en la administración del dinero.
Mientras la Asociación del Fútbol Argentino resuelve sus cuestiones de política interna y piensa en quien será presidente el año próximo, la Justicia avanza en la investigación sobre el manejo del dinero que proviene del Estado.
Si bien todavía no hay conclusiones para aportar a la causa que se inició por la sospecha de malversación de fondos que tiene a la jueza María Servini de Cubría al frente de la investigación, los veedores que dispuso ya elevaron el primero de los informes que detallan los puntos oscuros en la administración del dinero.
Entre las cuestiones que los veedores consideraron que "deberían ser materia de análisis complementario" se destacan puntos relacionados al núcleo fundamental del contrato firmado entre el Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y la AFA, cómo comprobar "en qué medida" la ejecución del programa "contribuyó al fortalecimiento económico de los clubes y las mejoras de los espectáculos deportivos", y "corroborar" si desde la firma del contrato se establecieron "sistemas de administración trasparente de los recursos" que gestionan los clubes.
Ni más ni menos que lo que sucede cuando un simple mortal recibe un préstamo hipotecario: el banco debe controlar que el dinero se destina para el fin solicitado y tiene la potestad de cancelarlo si el beneficiario no cumplió con lo pautado.
Además, los veedores advirtieron que no se cumplió con los requisitos acordados para llegar una enmienda al contrato original por la que se incrementó en un 12 por ciento el monto recibido en 2011.
Entonces, la AFA se comprometía a "llevar en su contabilidad cuentas patrimoniales y de ingresos y egresos" relacionados al fútbol, además de la presentación de presupuestos aprobados en sus respectivas asambleas, entre otras cuestiones.
El informe destaca el incumplimiento de AFA en cuanto al rubro Seguridad (un monto del FPT debía direccionarse para tal fin) y destaca como "única forma" de asegurar los encuentros a "la medida policial de prohibición de asistencia de parcialidad visitante".
La lectura judicial indica que esa forma es contraria al concepto del programa, "no sólo por el derecho a presenciar en forma directa el espectáculo, sino por las pérdidas que ocasiona (a los clubes) la imposibilidad de vender entradas a no socios del público local y al público visitante". En ese punto, consideran además determinar el desarrollo de AFA Plus y sus erogaciones.
En una de las 31 páginas, el informe considera fundamental determinar "sobre qué parámetros" se valorizó en 40 millones de pesos una "retrocesión" de los derechos de televisación hacia el exterior. Esto se traduce así: el Estado cedió a la AFA los derechos que antes había recibido por cesión de la misma Asociación. "Habría que analizar por qué montos comercializó AFA dichos derechos en lo que va del año, si lo hizo por sí o a través de terceros y en qué condiciones", recomiendan los veedores.
En la misma línea, consideran que debería ser materia "puntual de análisis" el convenio firmado en febrero de 2015 entre la JGM, AFA e IVECO sobre el esponsoreo exclusivo del torneo de Primera División, que arroja 28 millones de pesos, entre líquido y especie.CUATRO RECOMENDACIONES
1.- Considerar la medida en que el dinero apuntaló la economía de los clubes y mejoró los espectáculos deportivos.
2.- Obligar a la AFA a que haga público el modo en que distribuye el dinero que proviene del Estado, a través de su página web.
2.- Obligar a la AFA a que haga público el modo en que distribuye el dinero que proviene del Estado, a través de su página web.
3.- Analizar los fundamentos por los que renegociaron por 40 millones de pesos, en favor del fútbol, los derechos para la TV internacional.
4.- Ahondar el contrato entre el gobierno, la Asociación y la empresa IVECO por la exclusividad del sponsoreo del torneo.Te puede interesar:
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