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El Tribunal de Ética de la AFA resolvió que Claudio “Chiqui” Tapia no debe ser considerado Persona Expuesta Políticamente (PEP), una decisión que habilita un menor nivel de control financiero sobre el presidente del organismo.
El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó que Claudio “Chiqui” Tapia “no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)”, una categoría clave para los mecanismos de control y prevención de lavado de activos. La resolución, publicada bajo el número 6722 en el Boletín Oficial de la entidad, generó interrogantes sobre el alcance institucional de la medida y sobre el patrimonio del dirigente, que mostró un fuerte crecimiento en los últimos dos años.
En julio de 2025, como titular de la CEAMSE (cargo al que accedió mediante un acuerdo con Axel Kicillof) y como vicepresidente segundo de la CONMEBOL, presentó una nueva declaración jurada con ingresos que superan los $818 millones anuales. Apenas unos días después, el 11 de julio, el Tribunal de Ética decidió que no debía ser considerado PEP, a pesar de que esa categoría suele incluir a quienes ocupan posiciones sensibles en organismos públicos o asociaciones con impacto institucional.
La lujosa estancia en Pilar que la Coalición Cívica pidió investigar si es de Chiqui Tapia y/o Pablo Toviggino. (Foto cortesía de TN).
El fallo y sus fundamentos
La resolución sostiene que Tapia no cumple los criterios normativos para ser catalogado como Persona Expuesta Políticamente, ni por su rol actual como presidente de la AFA ni por su desempeño previo como vicepresidente de la CEAMSE. La decisión fue firmada por Javier Vijande Penas, gerente de los Órganos Jurisdiccionales, y avalada por los integrantes del Tribunal: Diego Barroetaveña (presidente), Manuel Fernández (vicepresidente) y Mario Kohan (secretario).
En su argumentación, el Tribunal tomó como prueba central las propias declaraciones juradas del dirigente de 2021 y 2024, donde Tapia afirma bajo juramento que no encuadra en la normativa de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF). Para fuentes del ámbito judicial, la medida “no es vinculante” y no impide que los organismos financieros reporten movimientos sospechosos si lo consideran necesario.
La categoría PEP, regulada por la UIF y alineada con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impone controles reforzados para prevenir maniobras de lavado de activos. Por eso llamó la atención que la AFA dedicara una reunión específica a revisar la situación de su presidente.
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Un patrimonio en crecimiento
La comparación entre las declaraciones juradas de 2023 y 2025 muestra un salto significativo en los ingresos del dirigente. En 2023 declaró un total de $135,8 millones anuales entre la CEAMSE y la CONMEBOL, además de un patrimonio compuesto por varias propiedades en Buenos Aires, San Juan y zonas del norte bonaerense, dos vehículos y más de $53 millones en efectivo.
En la presentación de 2025, sus ingresos totales ascendieron a $818,7 millones, principalmente por su función en la CONMEBOL, donde pasó de $60,6 millones anuales a más de $718 millones. A eso se sumaron otros $204 millones provenientes de intereses, viáticos y la venta de un vehículo.
Su patrimonio inmobiliario también se modificó: registró nuevas propiedades en Río Luján, San Juan y la provincia de Buenos Aires, además de dos vehículos adicionales cuya identificación no fue detallada. La valuación fiscal total de sus bienes pasó de $6,8 millones a más de $27 millones.
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