El director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológica en Colegio de Abogados de Morón, Christian González D'Alessandro, consideró que "es una barbaridad" que se revisen las pensiones por fallecimiento

El director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológica en Colegio de Abogados de Morón, Christian González D’Alessandro, consideró que “es una barbaridad” que se le pida a los y las beneficiarias de pensiones por fallecimiento que se presenten ante una oficina de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) “para acreditar datos que en su momento ya fueron presentados”. Y sostuvo que esta medida provoca “inseguridad jurídica”.

Asimismo advirtió que en los casos de convivencia es donde pueden “aparecer los mayores problemas para acreditar” los datos.

“Es una barbaridad que empiecen a revisar pensiones por fallecimiento -viudez, convivencia, hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años con discapacidad- que a lo mejor hace 20, 30 años que están cobrando ese beneficio y que, en su momento, con la ley que fuera y con la caja que fuera ya fueron presentadas las pruebas”, manifestó el especialista.

De igual forma sostuvo que “van a aparecer casos donde las personas no puedan conseguir la documentación y en la ANSES tampoco están preparados los sistemas y no hay criterio uniforme”.

Señaló que “quienes encuentran grandes inconvenientes (con la documentación) son los casos de convivencia. Hoy, la prueba fundamental es tener la información sumaria, o sea, la pareja y dos testigos fueron a un juzgado de paz y el juez firmó que viven juntos desde hace tanto tiempo. Pero mucha gente no tiene esa prueba porque antes no se usaba. Entonces hay que acompañarla con otras pruebas que demuestren que al momento del fallecimiento de la persona convivían juntos. Por ejemplo, una boleta de luz, gas, teléfono. Pero, a lo mejor el jubilado se murió hace 20 años. El pensionado, en este tiempo, se mudó una o dos veces y andá a encontrar una boleta de luz, gas, teléfono de aquella casa y testigos” de esa convivencia, explicó.

Y sostuvo que “el disparador de revisar genera inseguridad jurídica porque se supone que un beneficio está bien acordado, pasó todas las verificaciones en su momento”.

“No se puede empezar a revisar porque genera incertidumbre y es la quita de un estado de derecho”, remarcó.

Asimismo se quejó porque los beneficiarios con esta medida “van a gastar dinero para movilizarse y en trámites”.

“Están invirtiendo la carga de la prueba -agregó-. Lo que tiene que hacer la ANSES es, en los casos que tenga dudas, poner todos los empleados a disposición para que hagan las verificaciones, que vayan y revisen. Pero, por el contrario, están movilizando a los beneficiarios”.

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